Reynaldo Bignone, el último dictador y el único que no había sido juzgado hasta ahora, fue condenado ayer a 25 años de prisión a cumplir en una cárcel común por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo hace más de tres décadas, cuando era subjefe de esa guarnición.
El militar, de 82 años, fue encontrado coautor penalmente responsable por 11 allanamientos ilegales, 6 robos, 15 privaciones ilegales de libertad, 29 desapariciones y 38 casos de tormento, un número pequeño -aunque suficiente- de los casi 5 mil detenidos ilegales que pasaron por el lugar.
Igual condena alcanzó a su superior, el entonces Comandante de Institutos Militares, general retirado Santiago Omar Rivero, y al que fuera su jefe Inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.
Al cabo de cinco meses y medio de juicio oral y público, el veredicto de Tribunal Oral Federal 1 de San Martín fue leído sin la presencia de los acusados, que optaron por no estar en una sala de audiencias colmada por medio millar de personas y medios de prensa locales y extranjeros.
El público aclamó el veredicto y en especial la resolución judicial que canceló las prisiones domiciliarias de varios acusados, entre ellos Bignone, y ordenó cumplir las penas en un establecimiento del Sistema Penitenciario Federal.
Entre el público, rodeados de pancartas con los rostros de las víctimas, estaban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y la presidente Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.