Un nuevo testimonio recogido en la llamada megacausa complica al abogado Santiago Graffigna, sindicado como el jefe de una organización que presuntamente se dedicaba a estafar a la provincia en procesos de expropiaciones. El que declaró esta vez fue Alberto Basañez, el titular de un juicio sospechado. Después de escucharlo, los investigadores interpretan que sus palabras confirman el modus operandi del profesional que está en la mira: que engañaba a particulares y les hacía ceder los derechos de juicios a supuestos compradores, cuando en realidad era él quien se quedaba con la titularidad y la posibilidad de embolsar el dinero que iba a pagar el Estado.
El juez Benito Ortiz le tomó una informativa a Basañez, que es una figura intermedia entre la testimonial y la indagatoria. Fue por el caso de la expropiación de un terreno ubicado en Patricias Sanjuaninas y Brasil, cuyos derechos eran inicialmente de José Prividera.
Bajo el supuesto asesoramiento de Graffigna, que le habría dicho que no iba a cobrar más, el último le cedió los derechos a Basañez por 8.000 pesos y el abogado sospechado llevó adelante el proceso en Tribunales y obtuvo sentencia favorable por una cifra cercana a los 10 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, Basañez aseguró ayer que él no puso ni recibió dinero y que figuró como el nuevo titular de los derechos porque su amigo Graffigna se lo pidió como un favor. Además, contaron, declaró que el abogado hizo cederle en una escribanía el 30 por ciento de esos derechos a una persona que no recuerda y el 70 por ciento restante a él mismo.
A partir de la declaración, en la Justicia reafirmaron la sospecha de que Graffigna era quien iba a cobrar lo que pagara el Estado (la ejecución de la sentencia está suspendida) y que las maniobras que ejecutó se deben a que la ley prohíbe que un abogado compre o adquiera los derechos de un juicio que él mismo impulsa. En definitiva, interpretan que Basañez fue una especie de testaferro, como habría pasado en los casos Ruiz Guillermo y Suraty, cuyos juicios fueron tramitados por el mismo profesional.
Los investigadores afirman que del expediente del caso Basañez surgen, además, dos irregularidades que la Justicia dejó pasar en su momento, cuando condenó al Estado: que Graffigna actuó en todo el proceso sin acreditar la representación de su amigo y que la provincia nunca fue notificada del traslado de la demanda de expropiación inversa, cosa que exige la ley procesal.