Después que DIARIO DE CUYO publicara que los ocho exempleados de Barrick procesados por su responsabilidad en el primer derrame de solución cianurada en Veladero pidieron a la Justicia la probation, la empresa salió a respaldarlos públicamente por medio de un comunicado.
"Desde la empresa consideramos que no existe ninguna razón válida para que sus empleados procesados a raíz del incidente de septiembre de 2015 sean llevados a juicio, ya que no han cometido conducta delictiva alguna", reza el texto difundido en la mañana de hoy.
Los procesados ((entre ellos, algunos ejecutivos) solicitaron que sean sometidos al procedimiento contemplado en la ley llamado suspensión de juicio a prueba o probation, en el que ofrecen una reparación simbólica en dinero y la realización de tareas comunitarias, a cambio de que, una vez que cumplan con lo propuesto, se borre la mancha de la causa penal en sus antecedentes. Fuentes judiciales aseguraron que como algunos de ellos viven fuera de la provincia sólo pusieron en consideración un monto que va de los 10 mil a los 50 y 60 mil pesos, mientras que otros propusieron plata y llevar a cabo trabajos comunales, cuyos detalles no trascendieron.
En este sentido la empresa agregó que "todas las decisiones adoptadas por la Justicia en esta causa son analizadas por los abogados penalistas de las personas en el proceso a efectos de decidir los pasos legales a seguir con el objeto de protegerlos".
Los planteos de los exempleados fueron realizados hace dos semanas y recién salieron a la luz el viernes. Ahora, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, deberá opinar si está de acuerdo o no con los pedidos, aunque será el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, el que tendrá la palabra final cuando fije la fecha de la audiencia.
Quienes son los procesados
Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor Junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina a cargo de Gerencia General), Ángel Escudero (jefe de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (jefe de Servicios Técnicos), David Sánchez (jefe General de Mantenimiento de Mina) y Ricardo Cortéz (supervisor Junior de Medio Ambiente).
El comunicado completo de la empresa
Desde la empresa consideramos que no existe ninguna razón válida para que sus empleados procesados a raíz del incidente de septiembre de 2015 sean llevados a juicio, ya que no han cometido conducta delictiva alguna.
En ese sentido, la empresa informa que todas las decisiones adoptadas por la Justicia en esta causa son analizadas por los abogados penalistas de las personas en el proceso a efectos de decidir los pasos legales a seguir con el objeto de protegerlos, los cuales cuentan y contarán con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso.
La seguridad de las personas, las comunidades y el medio ambiente ha sido siempre la principal prioridad para nuestra compañía.
Lamentamos la ocurrencia del evento de septiembre 2015 y estamos comprometidos a lograr que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir en Veladero, pero recordamos también que estudios independientes posteriores confirmaron que el mismo no originó riesgos sobre la salud de personas, las comunidades o el ambiente.
Estos informes fueron coincidentes con los ordenados por la justicia y autoridades competentes como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad de San Juan (UNSJ) y el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera (CIPCAMI) e incluso UNOPS.