El ex concejal de Rivadavia, José Orlando Páez, pidió la suspensión del juicio iniciado en su contra, que además tiene otros 7 imputados, a cambio de realizar tareas comunitarias para reparar el daño que ocasionó, según informaron ayer fuentes tribunalicias. Él es uno de los 8 ex integrantes del Concejo Deliberante acusados de haber malversado caudales públicos en el 2002 con planillas de ayudas sociales que manejaban para repartir fondos a discreción.
Si el tribunal acepta el planteo, el proceso se extinguirá, no se le aplicará ninguna condena y no le quedarán antecedentes penales. Y para analizar el pedido está prevista una audiencia para mañana, a las 11, en la Sala III de la Cámara Penal, que estará integrada por los jueces Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zaballa Pringles. Páez está representado por el abogado Javier Cámpora.
Lo que hizo Páez, a través de su abogado, fue solicitar la suspensión del juicio a prueba, una medida conocida como probation, que implica que el acusado ofrece hacerse cargo de la reparación del daño que ocasionó, que en este caso fue la incorrecta distribución de las ayudas municipales. Si bien no lo considera así la Justicia, en la práctica implica de algún modo el reconocimiento de haber cometido un delito.
Lo que está en duda es que vaya a prosperar el planteo. Es porque ese beneficio no se puede dar a quien haya sido funcionario público, como lo fue Páez, que resultó electo concejal en representación del Partido Bloquista por el voto popular. Así lo indica el artículo 76º del Código Penal, que consigna que ‘no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito‘.
Los hechos que investiga la Justicia tienen origen en la gestión del ex intendente José Soria. Durante el 2002, los ediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada concejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas y hasta la falsificación de las firmas y de las cifras que la gente recibía.
Las audiencias del juicio fueron incluso fijadas para el 19 de marzo pasado, pero las defensas de los ex concejales hicieron planteos que han demorado hasta ahora el comienzo de los debates.
Uno de esos planteos fue resuelto el 3 de mayo pasado, aunque recién trascendió ahora. Los abogados defensores Ricardo Moine, Fernando Rahmé y Leonardo Arancibia, en representación de Juana Guerrero y Carlos Reinoso en el caso del primero, de Lidia Díaz en el caso del segundo y de Oscar Ruz por parte del tercero, solicitaron la extinción de la acción penal porque se habría violado la garantía de ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Argumentaron que han transcurrido 10 años desde la denuncia penal, ocurrida en el 2002 ‘sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia definitiva‘.
Al menos en las salas de la Cámara Penal no recuerdan un planteo de este tipo en San Juan, aunque a nivel nacional hay varios antecedentes que incluso fueron citados por los letrados defensores.
Pero los miembros de la Sala Tercera lo rechazaron argumentando que en cuanto a la prioridad de juzgamiento de que gozan los detenidos no es aplicable a este caso porque ‘ninguno de los peticionantes se ha visto privado de la libertad ambulatoria ni siquiera por un instante‘. Además, los jueces expresaron que ‘la escandalosa duración de una tramitación constituía una severa lesión de los derechos del justiciable, pero dicha circunstancia no acontece en modo alguno en las presentes actuaciones‘.
Además el Tribunal dejó sentado que no ha prescripto la acción penal para dos delitos que se les imputan a los ex concejales, que son la falsificación de documentos oficiales equiparados a públicos y fraude en perjuicio de la administración pública, ambos excarcelables. Es decir que en el caso de que fueran encontrados culpables, no irán a prisión.
Según fuentes tribunalicias, la prescripción de estos delitos recién operará el 29 de junio del 2013 por lo que hay apuro en iniciar el proceso.