El jueves 15, a partir de las 9, está previsto que comience el juicio oral y público contra los exconcejales Carlos Reinoso, Juana Guerrero, Oscar Ruz y José Orlando Páez, acusados de haber cometido manejos irregulares con ayudas sociales en la Municipalidad de Rivadavia en el año 2002. La noticia se conoció ayer, cuando los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zavalla Pringles, tenían previsto decidir si aceptaban o no el pedido de juicio abreviado que habían formulado otros 3 exediles. Pero hasta el cierre de esta edición la resolución no se pudo conocer.
De todos modos, sobre la convocatoria a debate para el jueves, el abogado defensor Ricardo Moine adelantó ayer que lo va a objetar (ver aparte)
Durante una audiencia el lunes 5, 4 de los 8 exconcejales rivadavienses plantearon que querían ir a juicio oral y público, con el argumento de que eran inocentes y por eso preferían la opción de defenderse. Lo llamativo fue que 2 de ellos, Reinoso y Guerrero, habían reconocido anteriormente ser responsables de los delitos que les imputan y querían ir a juicio abreviado. Del resto, tres ratificaron la decisión de ir por este último camino, que son Nicolás Tejada, Isidro Díaz y Lidia del Carmen Díaz de Zárate.
En el caso del octavo exfuncionario, que es Cristóbal Liuzzi, el Tribunal dispuso fijarle una audiencia en fecha a determinar para que defina su opción porque está residiendo en España. Es porque los jueces entendieron que su abogada, que es Irma Alonso, no lo puede representar para ese caso, sino que la opción la debe manifestar en forma personal el imputado.
Inicialmente, los 8 exediles habían suscripto un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal por la opción del juicio abreviado, que implicaba que los imputados reconocían haber cometido los delitos que se les atribuyen y acordaban una condena. En este caso de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación permanente para ocupar cargos electivos. Ese castigo es correspondientes a los delitos que se les atribuyen, que son falsificación de documentos oficiales equiparados a públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Pero minutos antes de que comenzara la audiencia en la que los exfuncionarios debían manifestarse, el abogado Moine, en representación de Reinoso y Guerrero, hizo un planteo de suspensión de juicio a prueba.
Ante esta actitud, fue que el Tribunal, tras rechazar el pedido de probation, convocó a una nueva audiencia, que tuvo lugar el lunes de la semana pasada, en la que los exediles expresaron su decisión sobre el camino que querían tomar.
Los hechos que investiga la Justicia tienen origen en la gestión del ex intendente José Soria, actual diputado por el departamento. Durante el 2002, los exediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada exconcejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas y hasta la falsificación de las firmas y de las cifras que la gente recibía.
Si bien los hechos se investigan habrían ocurrido hace diez años, la causa ha tenido varias demoras y por eso el temor es que los delitos vayan a prescribir, lo que podría ocurrir el 29 de junio del 2013.