Buenos Aires, 22 de junio.-Tres comisiones de la Cámara de Diputados emitieron hoy un único dictamen en apoyo de un proyecto de ley para prohibir a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, a realizar actividades de exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado argentino.
El proyecto fue impulsado por el presidente de la comisión de Energía y Combustible, Fernando ‘Pino‘ Solanas (Proyecto Sur) para regular la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Luego de varias reuniones el texto fue consensuado con iniciativas presentadas por diputados de distintos bloques para lograr un apoyo unánime.
El despacho fue firmado en una reunión conjunta que realizaron las comisiones de Energía, de Relaciones Exteriores, que preside Alfredo Atanasof (Peronismo Federal) y la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, a cargo de Juan Pais (FPV).
El proyecto aprobado establece que la ley es de orden público y, además, indica que la la Secretaría de Energía -autoridad de aplicación de la ley- procederá a inhabilitar a las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no sean autorizadas a realizar actividades en el Atlántico Sur, sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder.
Dicha inhabilitación implicará dice el dictamen- la cancelación de su inscripción n los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se procederá al cese ‘inmediato‘ de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se pudieran haber concedido.
Junto con el proyecto a propuesta de Federico Pinedo (PRO) se firmó un dictamen a favor de un proyecto de Comunicación en el que insta al Poder Ejecutivo a realizar convenios con países de la costa atlántico y a los miembros de la UNASUR para comprometer también a Chile- para la coordinación de tareas de exploración y explotación en el Atlántico Sur.
La diputada Mariel Calchaquí (FPV- Tierra del Fuego) pidió en la reunión que también se ratificase el decreto 256/2010 del Poder Ejecutivo que estableció que deberán solicitar autorización previa a la Argentina las navez que se propongan transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas y adyacencias.
Sin embargo, los presidentes de las comisiones que se reunieron explicaron que el decreto tiene una connotación muy amplia y que a pedido de la Cancillería y la Secretaría de Energía se decidió que el proyecto sólo se refiera a la actividad hidrocarburíferas.