Los diputados porteños de la oposición emitieron ayer un dictamen en la Legislatura que propone la creación de una comisión investigadora especial con 17 miembros para que analice la responsabilidad del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la causa de escuchas ilegales, mientras que el bloque del PRO renovó su proyecto para un juicio político al líder comunal.
Reunidos en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores del arco opositor firmaron el despacho para conformar la investigadora especial que, en principio, otorgaría cuatro de sus 17 sillas a la bancada oficialista, dos a Proyecto Sur y once en representación de cada uno de los bloques del Parlamento capitalino.
Sin embargo, fuentes parlamentarias adelantaron que esas proporcionalidades podrían sufrir cambios de aquí a la semana próxima, cuando el jueves próximo realicen la sesión ordinaria para tratar todos los temas vinculados con la causa de las escuchas en la que está procesado Macri por asociación ilícita.
Una de las posibilidades que se baraja es que aumenten a siete la cantidad de miembros del macrismo como un gesto de la oposición para que, finalmente, la Comisión Investigadora cuente con la totalidad de las fuerzas ante la amenaza del PRO a no sumarse a esa instancia.
Por su lado, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer que Macri sea sometido a un examen mental en el marco de la causa de las escuchas telefónicas en la que está procesado como presunto miembro de una asociación ilícita. Macri replicó que le causa "gracia" el pedido de Oyarbide pero admitió que "es lo que marca la ley dentro de la formalidad de este disparate que ha hecho (Néstor) Kirchner con el juez, y lo haremos". El estudio mental será practicado por el Cuerpo Médico Forense, que debe fijar la fecha para llevarlo a cabo.