Las cerca de 100 autoridades de mesa que pegaron el faltazo en San Juan el día de las elecciones generales quedaron expuestas a ser acusadas de cometer delito. La Cámara Nacional Electoral había dado instrucciones para que todos los que no asistieran a los colegios fueran denunciados por incumplir con su deber como ciudadanos y aquí ya trabajan para separar la paja del trigo. El fiscal federal Francisco Maldonado aseguró que van a analizar caso por caso y que a los que no puedan acreditar que fue por razones de salud o cuestiones de fuerza mayor, se les abrirá una causa penal.
De aplicarse el castigo, será la primera vez en la provincia que habrá este tipo de sanciones. Y la razón de instrumentar una pena es instar a las autoridades de mesa, que son 2, un presidente y un suplente por cada una de las 1.606 dispuestas, a que concurran a cumplir con la función. Las que no lo hagan se exponen a un castigo de prisión de 6 meses a 2 años, por infracción al artículo 132º del Código Electoral Nacional.
Para las primarias, fue un 5 por ciento, es decir unas 160 personas, según fuentes judiciales, las que no concurrieron a controlar el acto comicial, pero ahora la cifra se redujo al 3 por ciento, por lo que estiman que son unas 96 las que eludieron la obligación. Si bien en el caso local el número no es significativo, hay antecedentes como en el caso de Santa Fe, donde las inasistencias para las PASO superaron en algunos distritos el 50 por ciento y por eso la Cámara Nacional Electoral se quiere asegurar que esas situaciones no se repitan.
Para quienes fueron citados por la Justicia Federal con competencia Electoral para ser autoridades de mesa y no fueron, tienen un plazo de 30 días para justificar su inasistencia. El trámite lo deben realizar en la sede de Mitre y Rioja, en el edificio del ex Banade. Quienes tuvieron problemas de salud, sólo son válidos los certificados médicos expedidos por autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales y no por médicos particulares. Sólo en los casos en los que no haya otra posibilidad serán aceptados los últimos. También se pueden argumentar razones de fuerza mayor, pero será la Justicia Electoral la que revisará cada caso y elevará un informe al Ministerio Público Fiscal para que defina si interviene o no y envíe las actuaciones al juez Federal con competencia Electoral, Miguel Gálvez.
La autoridad de mesa es la responsable de controlar el acto comicial y de verificar que no se cometan irregularidades, como el robo de boletas o que no vote una persona que no está habilitada. La función se extiende de 8 a 18, pero una vez cerrada la votación, es la encargada de realizar el escrutinio y de confeccionar las actas con la información del resultado.
Para el balotaje del domingo 22, que será la primera vez que ocurra en la historia política nacional, deberán asistir las mismas autoridades que fueron convocadas para las generales del 25 de octubre (ver aparte). Y quienes no lo hagan se exponen otra vez a una sanción, con castigo hasta de prisión.
En años anteriores, las autoridades de mesa eran designadas en su totalidad por la Justicia Electoral, pero desde hace algún tiempo se habilitó la posibilidad de que se inscriban los voluntarios.