"Se lo digo a Conti como se lo dije al senador Gioja: al fiscal general de la Corte no lo maneja nadie y si él estaba acostumbrado a que en su época de gobierno se manejara a los jueces, que haga el favor de decir los nombres".
Fue la respuesta del fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, al ex intendente de la Capital, Enrique Conti, en medio de una escalada de críticas opositoras a la independencia de los jueces y, en particular, por la actuación del Tribunal Electoral Provincial, del que forma parte Quattropani.
Conti había dicho que "creo que hay hechos que se han producido. Ver el fallo de una jueza que parece la hija del gobernador. Si le quería agradecer el cargo, le hubiera mandado una caja de vino y un jamón". Y fue el último en sumarse a una lista que inició el senador César Gioja, cuando habló de que "el gobernador tiene influencia en el Tribunal Electoral como en toda la Justicia". Y después le siguieron Mauricio Ibarra, cuando dijo que "estamos frente a un Poder Judicial que no puede disimular la ligazón con el poder político", mientras que el intendente rawsino, Gustavo Rojas, aportó que "me parece que hay una influencia (entre poderes)". El único dirigente opositor que no sumó dudas al accionar de los jueces fue Rodolfo Colombo, cuando habló de que "creo en la Justicia y tenemos la responsabilidad de llevarle tranquilidad a la gente".
Pero Conti, enrolado en el bloquismo disidente, volvió a encender la mecha de la discordia cuando expresó que "uno ve que hay cierta complementación entre un poder y otro, nos guste o no nos guste". Y después puso en duda la decisión del Tribunal Electoral Provincial opinando que "este tema de ir y votar con un padrón del año 2007, interpretando que la elección general es la que elegimos desde gobernador hasta concejales, creo que es bastante arbitrario".
En respuesta, el fiscal Quattropani le recomendó a Conti "leer la Constitución y si no tiene ganas de leerla puede preguntarles a los constituyentes de su partido que votaron por el artículo 238".
A lo que agregó que "puede haber jueces que no honren su cargo, pero hay que recordar que alguna vez en esta provincia se arrasó con una Corte que se atrevió a no ser genuflexa con el poder político o echaron a dos diputadas por inconducta partidaria".
Quien también se sumó a la defensa del Poder Judicial fue el cortista Adolfo Caballero, quien dijo que "quien crea que un poder se arrodilla ante otro poder, está equivocado". A lo que agregó que "cada cual tiene su juego, pero se cae por su propio peso".
Hubo dos hechos que iniciaron la polémica por la independencia o no de los jueces del poder político. El primero fue la decisión del Tribunal Electoral de usar los padrones del 2007 para la consulta popular del 8 de mayo, que dejará sin votar a unos 60.000 jóvenes, según denunció el senador Gioja, en una táctica impulsada para favorecer al Gobierno provincial. Y el segundo hecho fue la decisión de la titular del Séptimo Juzgado Civil, María Elena Videla, quien a principios de mes impuso una multa de 1.000 pesos en forma conjunta a los abogados ibarristas Damián Villaverde Gunella y Carlos Ariel Munizaga y a la joven Valeria Soledad González, además de ordenar la remisión de una copia al fiscal penal de turno para que investigue la "posible comisión de un delito en relación con las ofensas infringidas a la investidura del señor gobernador de la provincia". Según la magistrada, los letrados usaron términos inapropiados y por eso ordenó sancionarlos.