Sin confirmar cuándo, Jorge Alvo aseguró que Fiscalía de Estado será parte querellante en la causa judicial por la contratación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) en seguros estatales. La confirmación surgió luego de que el letrado asumiera como máxima autoridad del organismo que defiende los intereses de la provincia, acto que encabezó ayer el gobernador Sergio Uñac en Casa de Gobierno.
La decisión viene a responder a una impronta del nuevo funcionario, quien ya había manifestado que Fiscalía intervendrá en todas las causas judiciales en las que estén en juego los intereses de la provincia.
La causa conocida como ART, pero que involucra a una serie de contrataciones de servicios de seguros con la entidad entrerriana con el Poder Ejecutivo de la provincia, se inició en marzo cuando los abogados del GEN Marcelo Arancibia y Diego Seguí decidieron hacer una presentación en la Justicia para que se investigue los elevados montos que pagó la gestión giojista al IAPSER por una serie de seguros.
El planteo de los letrados se produjo luego de que este diario publicara el resultado de la licitación que llevó adelante la gestión actual en diciembre para la contratación del seguro de ART para los empleados estatales y la Policía, y por la que generó un ahorro en las arcas del Estado de más de 300 millones de pesos al año. La administración giojista había contratado ese servicio de manera directa, sin licitación, y renovó el contrato durante once años de manera automática.
Situaciones similares se produjeron con las licitaciones por los servicios de seguros para alumnos y la cobertura para las movilidades del Ministerio de Salud Pública, entre otros.
Al conocer esos casos, Arancibia y Seguí hicieron una denuncia en la Justicia para que se investiguen los elevados precios en las contrataciones y por qué la gestión anterior no llamó a licitación. El magistrado a cargo de la causa, Pablo Flores, a pedido del fiscal Daniel Galvani, inició las investigaciones quedando en el ojo de la tormenta el exgobernador José Luis Gioja y parte de su gabinete, aunque hasta el momento sin ninguna prueba que los vincule a la causa.
Los denunciantes hicieron varias ampliaciones donde aportaron elementos a la investigación, y en una de esas presentaciones pidieron a la Fiscalía de Estado que se hiciera parte querellante.
Tras la puesta en funciones, Alvo explicó que “Fiscalía de Estado considera una falta de respeto que los abogados nos digan cuándo debemos intervenir. La Fiscalía sabe que debe ser parte de la causa, pero los plazos los va a definir el organismo y no los denunciantes”.
Por otro lado, el flamante funcionario mantuvo ayer un encuentro con el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, para “empaparse de todas las cuestiones judiciales que tuviera la provincia, como los juicios con Osplad (ver recuadro), demandas por la devolución de IVA y Fonavi, entre otros”, manifestó Gattoni.
A la Corte por Osplad
Además de la causa por la ART, Alvo anticipó que su primera acción como titular de la Fiscalía de Estado será mantener mañana, en Buenos Aires, una reunión con el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El motivo es la causa millonaria que la obra social Osplad inició en 2014 y por la que la provincia ya tiene tres sentencias en contra por 85,7 millones de pesos y que a valor actual asciende a los 149 millones.
La entidad reclama aportes de docentes al asegurar que pertenecen a la órbita nacional, mientras que las autoridades locales manifiestan que esos maestros son locales y dichos montos fueron liquidados a la Obra Social Provincia. Alvo quiere que el máximo tribunal resuelva la declaración de certeza presentada y un amparo para que la causa sea dada de baja y así, frenar las ejecuciones