El área de Asuntos Legales del Poder Judicial emitió un dictamen contra el juez Héctor Rollán, titular del Primero Civil, y le recomendó a la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia que le aplique una sanción. ¿El motivo? El hecho de ser el presunto responsable de un acto de violencia laboral al dirigirse en malos términos a una empleada, por lo que se confirmó el cargo que le había imputado el instructor del sumario, revelaron fuentes calificadas. Ahora, el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, y los ministros Juan José Victoria y Adriana García Nieto deberán definir si le aplican o no un castigo al magistrado, ya que la postura de Asuntos Legales no es vinculante, aunque marca un camino del cual es difícil alejarse. Las sanciones van desde un apercibimiento (llamado de atención) hasta una suspensión por hasta 30 días sin goce de haberes o una multa, la que puede alcanzar hasta dos salarios del empleado judicial.
El dictamen de Asuntos Legales es el último paso antes de que las autoridades del Poder Judicial definan la decisión a tomar, por lo que no se descarta que la resolución final se dé en las próximas semanas.
El sumario administrativo contra Rollán se abrió en octubre de 2020, luego de que una empleada lo denunciara ante la oficina de Clima y Ambiente Laboral del Poder Judicial por haber utilizado términos "inadecuados". Incluso, según trascendió, el magistrado se habría expresado con frases fuera de contexto y de tintes machistas, dentro de un escenario de abuso de poder, en el marco de violencia laboral.
Para llegar a esa conclusión, el instructor que llevó adelante la investigación dentro del sumario recabó pruebas, como la palabra de varios testigos, quienes ratificaron lo expresado en la denuncia.
La causa contra Rollán salió a la luz en octubre del año pasado. De manera preventiva y por el tenor de la acusación, la mujer fue trasladada hacia otro juzgado del mismo fuero.
No es la primera vez que el juez está en la mira por malos tratos, ya que un abogado había presentado una queja formal ante la Corte por haber vivido, por parte del magistrado, "una situación violenta, agresiva y con léxico vulgar", hecho que se produjo en una audiencia, con la cliente del profesional presente.