El ya clásico maratón en que se ha convertido cada sesión en el Congreso mantenía anoche el vilo, al cierre de esta edición el debate en la Cámara de Diputados por el proyecto que plantea establecer una jubilación mínima igual al 82% del salario mínimo, vital y móvil, cuyo centro de la discusión pasaba por la inclusión o no de un sistema de financiamiento.

Si la ley es aprobada en la cámara baja, será girada para su debate en el Senado, donde opositores y oficialistas están casi en paridad de fuerzas.

Si bien existe una pulseada política de fondo entre el oficialismo (que considera inviable el incremento) y la oposición, también el debate era entre el núcleo duro anti-K y el inter-bloque de centroizquierda de Proyecto Sur por la cuestión del financiamiento y la restitución de los valores históricos de los aportes patronales.

El debate parlamentario que se había iniciado a las 14:30, se esperaba que se definiera entrada la madrugada de hoy como consecuencia de la larga lista de oradores existente.

El presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, el peronista federal por San Juan, Mauricio Ibarra, defendió el dictamen por la mayoría, firmado por los bloques del núcleo duro anti-K, y dijo, con ironía, que no se imaginaba "al general (Juan Domingo) Perón haciendo consultas para saber cuál sería el impacto que iban a tener las vacaciones pagas" o "consultando por el aguinaldo".

La diputada de Proyecto Sur Graciela Iturraspe -una de las operadoras de la centroizquierda que apuró un dictamen de comisión en minoría- marcó la necesidad de dar sustento al aumento de las jubilaciones a partir "de la restitución de los aportes patronales" al nivel que tenían antes de la rebaja que dispuso en 1993 el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en la gestión presidencial de Carlos Menem (autores también del congelamiento de los haberes jubilatorios por años). Pero el intento de la centroizquierda se vio debilitado por el retroceso de los bloques del socialismo y el GEN -que a través de su jefa de bloque del PS, Mónica Fein, y la diputada bonaerense de los "margaritos" Virginia Linares- anunciaron, pese a haber respaldado el dictamen de minoría, que terminarían votando en general el proyecto de la mayoría y pedirían en la discusión en particular la restitución de la totalidad de los aportes patronales como fuente de financiamiento.

Su compañero de inter-bloque y de la CTA Claudio Lozano recordó que el 82% móvil surge del "carácter sustitutivo del salario", que la justicia a lo largo de la historia le reconoció al haber jubilatorio, y reivindicó la necesidad de que el Congreso establezca la fuente de recursos para el aumento para "garantizar que no haya excusas para darles a nuestros mayores lo que hay que darles". Aseguró que "en estos momentos, la Anses tiene un superávit de 13.000 millones de pesos anuales y si se restituyeran los aportes patronales a las grandes empresas en los niveles de 1993 se obtendrían más de 17.000 millones de pesos adicionales".

A su turno, la jefa de la CC, Elisa Carrió apuntó: "De dónde deben salir los recursos para que la sociedad tengan un principio de justicia" y sostuvo que "la sociedad debe garantizar una jubilación digna", aunque aclaró que, el financiamiento del sistema, "no es por vía de los aportes porque vamos a tener cada vez más problemas con los aportes sino que debe estar garantizado por una profunda reforma impositiva".

Con el salario mínimo vital y móvil actual de 1.740 pesos, y de convertirse en ley, la jubilación mínima pasaría a 1.426,80 pesos (casi 400 pesos más de lo que se percibe hoy).