Al sancionar la nueva ley de Administración Financiera y Control Interno, el Estado definió que los funcionarios de los tres poderes del Estado y empresas estatales tendrán más responsabilidad directa sobre el gasto público. Esto es que, si incurren en una irregularidad, deberán responder de su bolsillo por el daño ocasionado. El cambio surge porque la norma aprobada ayer por la Cámara de Diputados establece mecanismos más cortos y para los actos administrativos que lleva adelante el Gobierno, por lo que las autoridades tendrán una obligación más directa sobre los documentos que firman. Es que, según explicó la ministra de Hacienda, Marisa López, y quedó plasmado en el texto de la ley, los funcionarios tomarán intervención en una etapa previa y mientras dura el proceso que determina el gasto, algo que antes no ocurría, ya que dicha tarea estaba en manos de los fiscalizadores. Ahora, estos profesionales seguirán controlando el proceso, pero con una sola participación, así el trámite de un expediente será más rápido. Un cambio clave que establece la nueva ley es la creación de la Sindicatura General de la provincia, órgano que tendrá a cargo el cuerpo de "fiscalizadores y de auditores de toda la administración pública". Junto al síndico, también se creó la figura de su adjunto, puestos que, según indicó López, se espera que sean cubiertos por concurso durante el primer semestre del año que viene.
El proyecto tuvo ayer su OK legislativo dentro de una serie de normas importantes que fueron sancionadas por Diputados. Entre las iniciativas aprobadas se encontraron el Presupuesto 2023, la Ley Impositiva del próximo año y el Código Tributario. También recibieron votos favorables los cambios en el Estatuto y Escalafón para el personal de la Administración Pública y del personal del Ministerio de Salud Pública (ver recuadros).
La responsabilidad de los funcionarios públicos está plasmada en la Constitución Provincial. El artículo 43 establece que quien ejerce la función pública es "personalmente responsable de las consecuencias dañosas de su conducta". En ese marco, la nueva ley indica que "los funcionarios y agentes públicos, responden por los daños económicos ocasionados por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones". Además, aquellos que "dispongan, ejecuten o intervengan en actos y hechos violatorios de disposiciones legales y reglamentarias son solidariamente responsables", mientras que quienes "reciban órdenes de hacer o no hacer, deben advertir por escrito a su respectivo superior, toda posible infracción que traiga aparejado el cumplimiento de dichas órdenes", de lo contrario "incurren en responsabilidad exclusiva", esto es que sus superiores quedan desligados.
Sobre el nuevo escenario para los funcionarios, López indicó que "con la nueva ley, asumen directamente la responsabilidad en una etapa previa, algo que antes no ocurría". A partir de ahora "comparten el control interno con los fiscalizadores, ya que intervienen en la etapa en la que se define el pago de un servicio o bien, pero cuando todavía no se produce la liquidación".
Así, la titular de la cartera contable indicó que "se va a ir agilizando, haciendo más transparente al Estado y fundamentalmente acercándonos más al ciudadano. Lo que queremos es hacer una administración moderna, más ágil, que dé respuesta más rápida a la satisfacción de las necesidades".
- Sindicatura General
La Sindicatura General analizará los actos administrativos que se refieren a la hacienda del sector público no financiero, con la facultad de observar los procesos cuando infrinjan la ley. Para designar al síndico, Hacienda abrirá un concurso, cuyo resultado será aprobado por el Gobernador. Esa decisión luego deberá ser refrendada por la Legislatura. El nombrado durará 6 años en el cargo, pero podrá ser reelegido, siempre y cuando pase el concurso. El sueldo será equiparable al de un secretario ministerial. A su vez, para ser Síndico Adjunto se requiere poseer título universitario en Ciencias Económicas y contar con diez años de ejercicio profesional, más los requisitos que para ser diputado.
- Presupuesto 2023
Si bien el Presupuesto tuvo el apoyo pleno de los legisladores (fue votado por unanimidad) derivó en cruces entre el oficialismo y la oposición. Quien abrió el debate fue el legislador de Producción y Trabajo, Carlos Jaime. El referente orreguista aprovechó el uso de la palabra para lazar críticas a la administración nacional. A tal punto que el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, le llamó la atención por no expresarse sobre el proyecto a aprobar. Las frases de Jaime no cayeron en sacos rotos, ya que el diputado Horacio Quiroga, del Frente Grande, y Juan Carlos Abarca, presidente del bloque Justicialista, remarcaron los logros contables de la gestión uñaquista.