Ordenado. Las ejecuciones fiscales abarrotaban los Juzgados de Paz, pero la Corte instrumentó la Oficina de Gestión Asociada para agilizar los trámites.

Un nuevo capítulo se suma a la causa de la exabogada de Fiscalía de Estado, Dora Monasterio. Es que el juez del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, la procesó por el ocultamiento de expedientes de ejecuciones fiscales (cobro de impuestos). Tanto el defensor de la imputada como desde el organismo que defiende el patrimonio provincial, que se constituyó como parte querellante, apelaron la resolución. Desde el área penal de este último órgano insistieron en que trata de una retención indebida de documentos, tal cual lo habían planteado en la denuncia, en la que además señalaron que el perjuicio que la profesional le provocó a las arcas locales es de 1.594.576 pesos, sin actualización, por no haber entregado las causas para seguir con los trámite de cobro.

Monasterio se jubiló en 2013 y en ese momento debió haber entregado los expedientes que tramitaba. Pero no lo hizo. Tras la denuncia de Fiscalía de Estado, la Policía allanó las oficinas de la abogada y le secuestraron 1.200 expedientes. De acuerdo a un análisis del organismo que defiende el patrimonio provincial, de ese total, 855 causas estaban prescriptas, por lo que el Estado perdió la posibilidad de cobrarlas. En el procedimiento también descubrieron otras 123 de carácter administrativo. 

Ante este escenario, el juez Correa resolvió el procesamiento sin prisión preventiva contra Monasterio y un embargo sobre bienes hasta alcanzar los 300 mil pesos. Dicha resolución fue apelada de manera doble, por lo que pasará a análisis en la Cámara de Apelación.

La acusada trabajaba en el área de Fiscalía de Estado que tramita los juicios ejecutivos para el cobro de créditos fiscales, por lo que tenía, bajo su dominio, un número importante de esas causas.