En medio de las sospechas por administración fraudulenta, que apuntan a dos exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Rubén Castro, que era el presidente, y Roberto Bazán, que cumplía funciones de tesorero, aparecieron ahora 2 facturas por un total de 150.150 pesos por supuestos trabajos en el camping de Pocito que nunca se hicieron. Alguien, en forma anónima, dejó un sobre que contenía las boletas en la sede de la calle San Luis y la administración de la entidad se las aportó al juez que investiga la causa, Maximiliano Blejman.

La primera de las facturas, cuyo facsímil se adjunta, tiene fecha del 14 de octubre del año pasado y es por 84.350 pesos. Fue confeccionada por la reparación del riego por goteo y cambio de filtros en el camping que la entidad tiene en Pocito. El problema es que en esas instalaciones todavía no hay ningún equipo funcionando, más allá de que está el proyecto.

La segunda factura, fechada el 10 de enero del año pasado, es por 65.800 pesos, en concepto de reparación y pintura de la pileta. Y según Omar Cereso, presidente de la Mutual, cualquier arreglo de la pileta lo hacen con personal propio. “Nunca se ha contratado ningún servicio de este tipo, lo que nos hace dudar sobre su procedencia”, dijo el dirigente.

Las boletas fueron emitidas por la empresa Transporte “MAA”, que hace recolección y transporte de residuos, y que pertenece a Miguel Angel Audisio. Por eso, en la presentación ante el juez Blejman, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, con el patrocinio del abogado Carlos Vila, los directivos de la Mutual le pidieron al magistrado que cite al empresario para que dé las explicaciones sobre el origen de las facturas.

“Estamos en presencia de otra evidencia que acredita la administración fraudulenta en que han incurrido los exdirectivos de la Mutual”, expresa Vila en el escrito.

La nueva administración de la Mutual, encabezada por Cereso, y que asumió en noviembre del año pasado, se encontró con que la institución estaba fuertemente endeudada, por un monto de alrededor de 7 millones de pesos, de los cuales incluso unos 5 millones correspondían al pago de cheques de prestamistas (ver aparte), sin que existieran registros del destino que se les dio a esos recursos. Por eso los directivos hicieron una denuncia penal que tiene en la mira a los exfuncionarios. Sobre esta cuestión, Castro se ha negado hasta el momento a hablar con este diario.

La mutual es una institución que se nutre del aporte de sus socios, unos 1.800 en la actualidad, que tributan el 1,5 por ciento de sus sueldos y que, a cambio, pueden solicitar ayudas económicas, utilizar el camping y además cuentan con convenios con comercios para sacar artículos a crédito.

A pesar de las acusaciones, pero por la clase de delitos que se les imputa a los exmiembros de la entidad, aún en el caso de ser encontrados culpables no irán presos porque este tipo de ilícitos no son castigados con prisión de cumplimiento efectivo.