Un comisario que usaba una camioneta cuatro por cuatro secuestrada para cuestiones personales y un juez que admite haberse comido "un articulito", como le dijo a este diario, por haberle cedido el vehículo al comisario. Hasta aquí las certezas de Juan Pablo Ortega, a cargo del primer juzgado en lo Correccional y responsable de desenmarañar este escándalo. Pero en el derrotero de la investigación, van apareciendo datos que amenazan con convertir este caso en histórico. Los pesquisas hallaron chats que podrían comprometer, además del comisario Gustavo Padilla (hasta la semana pasada a cargo del depósito judicial de 9 de Julio) y al juez Pablo Flores, al exministro de la Corte de Justicia Adolfo Caballero y a un empleado judicial de quien no trascendió el nombre. Y hay otro antecedente que la Justicia también deberá indagar, aunque los investigadores por ahora le dan poco crédito: Padilla dice ser amigo de un tal Sergio Miodowsky. Si el comisario hablaba del diputado departamental por Rivadavia, las casualidades son al menos llamativas, ya que el legislador tiene una agencia de autos usados en Santa Lucía.
"No se haga problema, Padilla es buen policía y seguramente va a devolver el auto", le habría dicho Flores a la titular de Defraudación y Estafas, Cintia Álamo, cuando la funcionaria fue a verlo tras la denuncia de otro comisario, quien encontró una firma trucha suya en el oficio de un Chevrolet Corsa que debía estar en el depósito de 9 de Julio. Efectivamente, Padilla devolvió el vehículo horas después, pero luego se descubrió que antes se lo había comprado a muy bajo precio a una mujer a quien la policía le había secuestrado el auto por falta de documentación. La funcionaria policial no quería un perdón, iba por acciones judiciales contra Padilla, que es lo que hubiera correspondido. Lo anterior probablemente sirva para graficar el nivel de "confianza" entre juez y comisario y la forma de manejarse del magistrado. Pero es sólo un dato aislado (o no) de una historia que empezó hace algunos años.
Entre fuentes de la justicia, de la policía y algunos recortes, este diario pudo reconstruir la historia que hoy tiene en vilo a varios hombres de Justicia y de la Policía. En 2012 alguien hace una denuncia por el robo de un auto Fiat Siena de una remisera. Para tratar de hallar ese vehículo, el titular del segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, libra órdenes de allanamiento y secuestra entre cinco y seis vehículos que no tenían la documentación en regla. Entre esos hallazgos estaba la Toyota Hilux que luego terminaría en la casa de Padilla. Según fuentes judiciales, varios de esos vehículos tenían pedido de secuestro de otras provincias, por ejemplo de Jujuy. Además de los rodados, los pesquisas se topan con que los números de algunas partes de esos vehículos y hasta los de algún motor, estaban adulterados. Toda esa información le llega a Flores, quien debió apartarse y pasar las actuaciones a la Justicia federal, ya que muchos de los delitos de adulteración de documento público pertenecen a esa competencia y no a la provincial. Y no sólo eso habría hecho mal: usualmente, cuando se produce el hallazgo de un vehículo robado, los jueces tienen órdenes de avisar al resto de las comisarías, para que todos estén atentos. No hay constancia, aseguran las fuentes, de que Flores haya dado aviso a las seccionales locales ni tampoco a las dependencias policiales o jueces que estén tramitando en otras provincias los robos de los vehículos que Flores, casi de casualidad, había hallado en San Juan. "La única acción de esa causa es la entrega de la Toyota a Padilla", dicen en Tribunales. De aquí surge la posibilidad de que el magistrado haya intentado por todos los medios de quedarse con la potestad de la causa, aunque no se sabe aún con qué fin.
"Negro Caballero"
Al revisar los teléfonos del depósito de 9 de Julio y el de Padilla, encontraron fotos que muestran la camioneta en un uso distinto al de ir a trabajar, por ejemplo, en un río y con otras personas. Pero además hallaron un chat entre el comisario y Caballero, en ese momento, ministro de la Corte de Justicia, a quien Padilla tenía agendado como "Negro Caballero". A las 9.29 de un día de 2017, Padilla le envía el siguiente mensaje a Caballero: "Buen día doctor Caballero, soy Gustavo Padilla, amigo de Sergio Miodowsky y de acuerdo a lo que charlamos personalmente el martes 12 de diciembre quería saber si usted sería tan amable de comunicarse con el juez del segundo juzgado, Pablo Flores por la movilidad secuestrada en depósito. Desde ya muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre". Caballero responde a las 9.48: "Necesitan carátula de expediente". El 20 de diciembre Padilla responde con los datos requeridos. Y el 21 de diciembre escribe Padilla: "Buenos días doctor Caballero, le comento que el doctor Pablo Flores ya tiene conocimiento pero estaría a la espera de una llamada suya. Le mando un abrazo y que Dios lo bendiga". Como ya se ha escrito varias veces en este diario desde que apareció este escándalo, las movilidades que están en situación judicial sólo pueden ser cedidas por la Corte sanjuanina. Según dijeron en el máximo tribunal la semana pasada, desde hace al menos dos años la Corte tampoco las entrega, porque es muy difícil vulnerar la titularidad de un bien, que es lo que ocurre cuando alguien usa el vehículo que le pertenece a otro.
De esos chats surgen preguntas que alguien deberá responder: ¿Flores le entregó la camioneta a Padilla por pedido de Caballero? Si es que el Miodowsky al que se refiere Padilla es el diputado, ¿no es al menos llamativo el vínculo entre el dueño de una agencia de autos y el titular de un depósito judicial con costumbres como las de Padilla?
Las fuentes confirmaron que también existen sospechas sobre algún empleado del Segundo de Instrucción, aunque no quisieron revelar los motivos de esa sospecha y mucho menos el nombre del funcionario que está en la mira.
Tras estas revelaciones, que no son más que datos que ya tiene el juzgado interviniente, seguramente esta semana habrá más novedades, y algunas prometen ser históricas.
Lo que viene
¿Jury?
El juez Ortega debe decidir en estas horas si pide el desafuero para indagar al juez Pablo Flores, quien goza de inmunidad de proceso. Es decir, no puede ser indagado y muchos menos detenido, juzgado y condenado. Si quiere indagarlo deberá solicitar primero el desafuero.
Un empleado judicial
Los pesquisas están detrás de un empleado del segundo de Instrucción, aunque no quisieron revelar el nombre, ya que no tienen muy claro el nivel de participación que tenía el sospechoso. Aseguran que esta semana será clave para avanzar o no en ese sentido en la investigación.
Indagatorias
En el devenir de la causa, el juez ordenó la libertad de algunos de los policías que habían sido demorados. En el despacho de Juan Pablo Ortega creen que no tienen mayores pruebas, por ahora, como para llamar a otros efectivos de la fuerza por esta investigación.
La Corte
En el máximo tribunal sanjuanino están mirando de cerca la investigación de Juan Pablo Ortega, aseguran fuentes consultadas. Han garantizado la mayor libertad posible al trabajo del titular del primero correccional, pero aseguran que no opinarán de una investigación penal en curso.
Otros implicados
El suboficial Néstor Gómez, el agente Eloy Augusto Cárdenas, el sargento Maximiliano Flores y el oficial principal Ulises Chirino fueron citados por Ortega. Todos reconocieron que lo vieron en la Toyota a Padilla, pero adujeron desconocer la legalidad o no en la utilización de ese rodado. Esos cuatro policías fueron indagados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, salvo Padilla a quien se le atribuye también "abuso de autoridad". El comisario y Gómez son los únicos que seguían presos.