Ante una fuerte escalada de la inflación, que acumula un 55,8 por ciento en doce meses, el Ejecutivo salió a implementar un mecanismo para asegurar la normal provisión de bienes y la prestación de los servicios que demanda el Estado. El sistema, que se asimila a una cláusula gatillo para los privados, lleva el nombre de "Régimen Provincial de Adecuación de Precios" y busca que quienes tienen contratos con la administración pública, tengan a mano una herramienta para actualizar el valor del servicio que prestan, siempre y cuando la situación económica nacional haya hecho que los productos sufran una variación considerable en su precio, en un tiempo determinado. El proyecto será tratado hoy en Diputados y va camino a ser aprobado. Fuentes oficiales indicaron que una vez sancionada la ley, su implementación será inmediata. Además, destacaron que la normativa establece que los privados que soliciten dicha actualización, no podrán realizar reclamos administrativos en el futuro para obtener una compensación, incluso, en sede judicial.
Para poder graficar la necesidad de la nueva ley, las fuentes consultadas dieron como ejemplo la gran devaluación que el peso sufrió el año pasado. A principios de mayo, la moneda local tenía un valor de 21,52 pesos por dólar y rápidamente, en menos de cinco meses, ascendió a los 41,89 pesos por cada moneda estadounidense, cerrando en el año con una caída del 50,6 por ciento. Esa devaluación golpeó de manera directa en los bienes y servicios que están atados al dólar e hizo que los precios se terminaran disparando. Así, aquellos privados que a principio de año firmaron un contrato por una cifra determinada, llegaron a diciembre con una retribución que no se condijo con el valor real del producto. Incluso, desde el Ejecutivo reconocieron que algunos proveedores solicitaron que los montos de sus contratos sean revisados, con la posibilidad de que sean actualizados.
La norma invita a que los municipios se adhieran a la ley e implementen el mecanismo
De acuerdo al proyecto de ley que ingresó a Diputados, la norma viene a implementar "reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto público y la ejecución presupuestaria. También tiende a mejorar la sustentabilidad y calidad de la provisión de bienes y prestación de servicios". Por otro lado, indica que "viene a cubrir el vacío legal que existe en la ley Contabilidad provincial, que no establece un mecanismo de adecuación de los precios" para los proveedores ante un desbarajuste de la situación económica nacional.
Además, de acuerdo a lo que establece el proyecto, la adecuación que tendría el privado no sería del 100 por ciento, ya que se establecería el principio del "esfuerzo compartido", esto es, que el Estado y la empresa asuman los costos de la alteración del valor en partes iguales. La razón de que la "cláusula gatillo" no sea completa radica en que el Gobierno no logra mantener una recaudación en los mismos niveles que la inflación, por lo que no estaría en condiciones de hacer frente a la totalidad de la variación del precio. Si bien no está fijado el índice desde el cual la adecuación se haría efectiva, las fuentes apuntaron que regirá cuando la alteración de los valores supere el 30 por ciento.
El mecanismo de actualización es similar al que rige para la obra pública, en el que las empresas pueden "redeterminar" el valor final de la obra. Las fuentes consultadas indicaron que este tipo de sistema se está instrumentando en otras provincias como Mendoza y Córdoba.
Por otro lado, no es la única ley clave que se tratará hoy en la Cámara de Diputados, ya que también se prevé la aprobación de la modificación a la ley del IPV.
Diputados cambiará la norma del IPV
Tal como lo anunció el Ejecutivo a principio de mes, la Cámara de Diputados aprobará hoy la modificación a la ley del IPV. La misma dejará atrás las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para calcular las cuotas que deberán pagar los beneficiarios para pasar a utilizar el coeficiente de variación salarial que publica el Indec.
El cambió permitirá que los adjudicatarios paguen cánones que se adaptarán al salario del grupo familiar. Incluso, la norma establece topes para las cuotas: no podrá superar el 20 por ciento de la totalidad de los ingresos del grupo familiar y no podrá ser inferior al 10 por ciento del monto de un salario mínimo vital y móvil, lo que hoy representa 1.250 pesos. Además, se podrá extender el plazo de financiación de pago de la vivienda hasta las 600 cuotas. El Gobierno planteó el cambio por pedido de los vecinos, ante el temor que tenían de una escalada de las cuotas por la inflación.