El oficialismo afiló ayer el discurso para quitarle dramatismo al nuevo escenario parlamentario en minoría a partir del 10 de diciembre y consideró que no tiene de qué preocuparse porque se trata de "un rejuntado y una mayoría circunstancial".
El vocero, como es de costumbre, fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que tras minimizar el logro de la posición de revertir mayoría K en Diputados, volvió a amenazar con el veto presidencial.
Fernández, minimizó ayer la confluencia de la oposición que logró revertir la mayoría oficialista en Diputados, al afirmar que "no hay que preocuparse" porque se trata de un "rejuntado" y una "mayoría circunstancial", en tanto amenazó indirectamente con el veto presidencial. Fernández puso en duda el "número" que alcanzarán sus adversarios para poder reformar leyes vinculadas con el Consejo de la Magistratura o el INDEC, entre otras iniciativas polémicas, y dijo que, de todos modos, el Ejecutivo "examinará" cada proyecto que aprueben ambas cámaras. Sin hablar abiertamente de veto, recordó la potestad que otorga el art 78 de la Constitución nacional a la presidenta Cristina Fernández para rechazar las leyes parlamentarias.
"Si no estamos de acuerdo, volverán al Congreso para su revisión o para su archivo", sostuvo Fernández, en declaraciones por Radio 10 y comentó: "El Ejecutivo va a examinarlas y después, eventualmente, las promulgará o no las promulgará".
Magistratura e INDEC.
La diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich confirmó ayer que priorizarán los proyectos que impriman cambios en el Consejo de la Magistratura, que designa y sanciones jueces, y en el INDEC, que es cuestionado por la supuesta "manipulación" de las estadísticas oficiales.
Según Bullrich estos son los dos proyectos con más capacidad de construcción de mayoría. En ese sentido dijo que tienen 144 votos para este tipo de proyectos que son "insignia" para trabajar en una institucionalidad de calidad.
La diputada anticipó que durante el verano la oposición trabajará en estos proyectos en comisiones.
Dijo que la idea es que "se vayan preparando los dictámenes durante febrero, para que el 1 de marzo (cuando retornen el período ordinario de sesiones) ya estén listo" para su tratamiento en el recinto.
Fundamentalmente la oposición pone la mira, como lo adelantó a DIARIO DE CUYO, el senador radical Ernesto Sanz, en "quitarle" al gobierno el derecho de veto en la selección y destitución de jueces para "asegurar" la independencia de la Justicia.
Estas son las prioridades de la centroderecha a partir del 1 de marzo, mientras que la centroizquierda intentará debatir iniciativas, sobre la pobreza, petróleo y minería.
Finalmente, ante una pregunta, la diputada electa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió tomó distancia del diputado del PJ disidente Francisco De Narváez quien ayer no descartó la posibilidad de pedir el juicio político a la Presidenta por supuestos hechos de corrupción.
"Todavía no hay nada de eso; el juicio político es un mecanismo institucional que puede ponerse en funcionamiento cuando hay una denuncia concreta y hoy ese pedido no está y, como yo voy a ser miembro de esa comisión, no me voy a pronunciar", se excusó.