El intendente electo de Angaco está en la mira de la Justicia por delitos sensibles, como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, presuntamente cometidos en su anterior gestión. Después de un año de que Fiscalía solicitara que la causa se eleve a juicio, en la Unidad Conclusiva cerraron la instrucción y enviaron el expediente para que la Cámara Penal lleve adelante el debate. La medida implica que, una vez citadas las partes, conformado el tribunal y presentadas las pruebas del caso, Castro deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Según indicaron fuentes judiciales, por los tiempos, es casi un hecho que el juicio se iniciará el año que viene, por lo que el dirigente político estará ocupando el sillón municipal. El escenario no es menor, ya que, según las fuentes, si es condenado y dicho fallo es confirmado por la Corte, corre el riesgo de tener que dejar la comuna porque uno de los eventuales castigos es la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, más una pena que va de 2 a 10 años de prisión.
La causa contra Castro lleva casi cuatro años. A fines de 2019, mientras cerraba su segundo periodo al frente de la comuna, el Concejo Deliberante lo denunció por haber hecho uso de maquinarias y personal municipal en un predio de Chimbas. La situación generó un escándalo, al punto que, por las presuntas irregularidades, Castro fue suspendido en su cargo por decisión del cuerpo deliberativo. El apartamiento duró poco, pero la causa penal avanzó hasta que, a principios de 2020, el exjefe comunal fue procesado por el juez Benedicto Correa, quien en su momento estaba al frente del Quinto Juzgado de Instrucción. En su resolución, que fue en el mismo sentido a como lo había formulado la fiscal Claudia Salica, el magistrado entendió que existían "elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho investigado, del cual resultaría responsable Castro".
Luego, Castro apeló el procesamiento, pero, en mayo del año pasado, la Sala Segunda de la Cámara Penal, integrada por Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman, confirmó el fallo y, en junio, Fiscalía firmó el requerimiento de elevación a juicio como el presunto autor "responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública". El expediente se mantuvo un año en la Unidad Conclusiva de Causas hasta que el miércoles pasado se firmó la clausura de la instrucción y se elevó finalmente el expediente a la Cámara Penal para que se realice el juicio. Durante ese año, Castro compitió políticamente para volver a la comuna, batalla que ganó en las elecciones del 14 de mayo, en la que se impuso por sólo 74 votos sobre el actual jefe comunal, el bloquista Carlos Maza. Así, el 10 de diciembre retornará al frente del municipio.
Fuentes judiciales indicaron que, con la elevación de la causa a juicio, el debate demorará meses en arrancar. Es que, primero, se tiene que notificar a las partes: Castro y Fiscalía. Luego, se tiene que definir quiénes serán los jueces que intervendrán en el juicio para que comience a correr el plazo para las recusaciones de los magistrados. Confirmado el tribunal, se presentarán las pruebas que serán utilizadas en el debate y, luego, se definirá fecha de inicio. Con todos esos pasos, se estima que arrancará en 2024. Si Castro fuese condenado, podrá apelar a la Corte de Justicia, la que se estima que en un año podría dictar sentencia, por lo que, en 2025 el fallo firme podría quedar firme. Si eso ocurre y el castigo implica inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, el intendente deberá dejar la comuna, confirmaron las fuentes. En ese hipotético escenario, asumiría el presidente del Concejo.
Según la ley que regula a los municipios como Angaco, si se produce una vacante en la Intendencia "transcurrido menos de dos años del comienzo del mandato, asume interinamente el Presidente del Concejo, debiendo convocar a elecciones, las que deberán realizarse en un plazo no mayor de 60 días".
> Castigo y concejales electos
Según el artículo 261 del Código Penal, "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública". Por otro lado, y tras las elecciones del 14 de Mayo, los concejales que resultaron electos por la lista de Castro fueron Alberto de los Ríos y Gloria Herrera, mientras que por Carlos Maza fue electo el hoy edil Alejandro Paredes.