La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación decidió ayer analizar la conducta de los jueces federales sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez por su actuación en la tramitación de los permisos que terminaron en la fuga de dos represores del Hospital Militar Central, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Fue a pedido del senador Ruperto Godoy (FPV), ante el planteo del representante de los magistrados en el cuerpo, Luis Cabral, quien quería el rechazo “in limine” de la presentación.
El origen del pedido es una solicitud de informes del fiscal mendocino Dante Vega, quien había reclamado que se examinaran las circunstancias que dieron origen al escape de los acusados.