Por primera vez en la historia del Tribunal de Cuentas, que se encarga de aprobar o rechazar los balances contables de todas las reparticiones del Estado, su presidente podría ser multado y tener que pagar de su bolsillo. Los diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto analizarán hoy si a Isaac Abecasis le aplican una sanción económica, por no haber rendido correctamente los gastos del organismo del año 2008.
Es la segunda vez que la misma cuenta contiene errores formales y una de sus compañeras, la vocal Laura Yanzón, la recomienda a los legisladores que no la admitan. El involucrado prefirió no hablar del tema hasta conocer los motivos en forma oficial.
“En reunión de comisión vamos a estudiar el tema, con la urgencia que merezca”, aseguró el diputado Javier Ruiz, que presidente Hacienda y Presupuesto. El justicialista fue uno de los primeros en enterarse de la recomendación que les hizo Yanzón y casi que no quiso hablar del tema. Sin embargo, fuentes legislativas contaron que hoy evaluarán el dictamen del contador que auditó el ejercicio 2008 del organismo, la nota de la vocal y si corresponde aplicarle una multa a Abecasis.
Si bien el Tribunal de Cuentas es colegiado -tiene presidente, vice y tres vocales-, sólo Abecasis está en la mira porque es el llamado cuentadante, es decir el encargado de rendir cuentas de cómo gastó la plata el organismo. El ejercicio contable de 2008 va y viene desde hace un par de años, todavía no ha sido aprobado por contener errores y lo que más llama la atención es que pesar de ser el organismo que se encarga de controlar las cuentas de las demás reparticiones del Estado, al parecer no tiene sus números en orden.
Después de una polémica interna entre sus miembros (Ver aparte), la cuenta 2008 fue enviada a la Legislatura y los diputados la rechazaron por “ser fragmentaria, incompleta y en pugna con el ordenamiento, lo que significa que no estuvo bien confeccionada. Los errores que detectaron fueron formales -no implican que falte plata- e invitaron a Abecasis que los subsane. Al mismo tiempo, designaron a un auditor externo para que controle los números.
El auditor Fabián Ejarque elaboró un informe en el que marca, entre otras cosas, que la rendición de cuentas no contiene la totalidad de los cargos que hay en el organismo, que se consigna una persona que está a cargo de patrimonio cuando en realidad fue designada 2 años después y que existen diferencias entre los cargos consignados y la norma de asignación de funciones. Al mismo tiempo, remarca que sí saldó los otros errores que le habían marcado.
Según las fuentes, lo que hay que analizar es si el tiempo transcurrido sin que se apruebe la cuenta es motivo de la imposición de una multa, que el funcionario debería pagar de sus propio bolsillo. Se toman del artículo 130 de la nueva ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En su inciso 2, dice que la Cámara de Diputados podrá multar a los miembros del organismo “por la no subsanación en tiempo y forma de los defectos formales… de la cuenta por ser fragmentaria, incompleta, insuficiente o en pugna con el ordenamiento legal”.
Y fija que la sanción podrá ir desde un monto equivalente a un día de sueldo, hasta un tercio del sueldo básico de la categoría.
Abecasis no quiso dar su opinión de la recomendación de no admisión de su compañera y mucho menos de la posibilidad de sufrir una multa. “No tengo nada para decir hasta no conocer la situación”, dijo el funcionario.
Desde hace tiempo, en el Tribunal de Cuentas reina un clima tenso producto del enfrentamiento de sus miembros. Abecasis y Yanzón prácticamente no tiene relación y eso divide las aguas internas. Aunque no es la primera vez que quedan en veredas distintas, las diferencias se agudizaron a partir de las discrepancias que mantuvieron en temas muy sensibles.
Uno de los tantos temas que desataron roces fue la forma de liquidar las regalías mineras. Pero el que desató el quiebre final fue el debate sobre si se tenía que modificar la ley que le da facultades al organismo para enjuiciar y cobrarle a los funcionarios que cometen un perjuicio contra las arcas del Estado. Finalmente, el Ejecutivo impulsó una nueva ley que le da la única atribución de investigar a los agentes y autoridades políticas, dejando en manos del Fiscalía de Estado la facultad de ejecutarlos sin son responsables.