La ley que que obliga a todas las personas que trabajan con niños a presentar un certificado psicológico encontró amplio respaldo en distintos representantes de la actividad docente, instituciones deportivas e institutos que preparan a los chicos en variadas disciplinas. La iniciativa busca proteger a menores, adolescentes y personas con discapacidad de ataques sexuales y otros hechos violentos. La ministra de Educación, Alicia García, dijo que “es una buena iniciativa y servirá para llevar tranquilidad a los padres” y una encuesta en la que opinaron los lectores reflejó una alta adhesión de los sanjuaninos (ver aparte).
La norma fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados por la casi totalidad de los legisladores, a excepción del representante de Actuar, Juan Sansó, quien planteó dificultades para “instrumentar” la norma y había solicitado que regresara a comisión.
La iniciativa establece que todas las instituciones, públicas o privadas, que tengan a su cargo niños, adolescentes o personas con discapacidad deberán exigir a los profesionales una serie de requisitos para demostrar que no representan un peligro de ataques sexuales u otros hechos violentos. El más importante es un certificado que acredite la aptitud psíquica de la persona y donde conste el perfil de personalidad, que sirve para detectar rasgos, por ejemplo de perversión, o de adicción a las drogas, que representan un peligro para los menores. Además de las certificaciones, que se pedirán tanto al personal ingresante como el que ya está en actividad, la ley contempla sanciones, para los directivos o responsables de las instituciones, que van desde multas desde 4.000 a 10.000 pesos, hasta la clausura de la institución. Y para el personal que no cumpla, las multas van desde 2.000 a 5.000 pesos y la inhabilitación para trabajar en puestos similares.
El autor de la iniciativa, el diputado oficialista Cristian Morales, venía trabajando desde hace tiempo en el proyecto junto a un equipo integrado por profesionales de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, el Colegio de Psicólogos y Patricia Sirera, asesora letrada de Menores.
La norma fue aprobada a pocos días que se conociera el caso de un instructor de básquet sospechado de acosar sexualmente a un chico y luego del célebre caso del profesor de karate Osvaldo Arena, condenado por abusos sexuales a sus alumnos.