El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer 12 allanamientos simultáneos, en la causa donde investiga a Sergio y Pablo Schoklender, pero esta vez en la propia sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El operativo comenzó pasadas las 18 en el edificio de la calle Hipólito Yrigoyen 1534, en el marco de la causa en que se investiga al ex apoderado de la organización por fraude al Estado y supuesto lavado de dinero.

Este allanamiento se da después de un operativo similar realizado el martes -por pedido de las Madres- en las oficinas de Pablo Schoklender. Los materiales incautados tras este operativo fueron entregados ayer, por la Policía Federal, a Oyarbide.

En este marco, el abogado de Madres de Plaza de Mayo Eduardo Barcesat precisó anoche que la titular de la entidad, Hebe de Bonafini, estuvo presente en los nuevos allanamientos. Además, dijo que los procedimientos se hicieron “en la sede de la Universidad (de las Madres), otra en la sede de la Fundación (Madres de Plaza de Mayo) y otra en la imprenta”.

Según dijo a la prensa, el personal enviado por el juzgado buscaba información sobre Pablo y Sergio Schoklender, otros funcionarios de la Fundación a las 21 empresas que están siendo investigadas “en el expediente y sobre el cual las Madres aportaron documentación”.

Cuando le preguntaron si había material de interés en esas sedes, Barcesat afirmó: “Sí, hay dos cajas por lo menos de documentación y ahora el personal especializado está retirando registro de la memoria de las máquinas para aportarla al juzgado”.

Sobre el pedido de las Madres para ser querellantes, el abogado estimó que “el juez Oyarbide aguardará el resultado de la compulsa para determinar” si las Madres, en nombre de la Universidad, pueden ser querellantes y particular damnificado.

Por otra parte el juez Oyarbide, solicitó a la Auditoría General de la Nación analizar las transferencias de dinero efectuado por el Ministerio de Planificación a provincias y municipios para realizar las construcciones concretadas por “Sueños compartidos”.

Mientras que la comisión de Vivienda de la cámara de Diputados resolvió solicitar al Poder Ejecutivo copia de los convenios que las jurisdicciones firmaron con la Fundación para la edificación de viviendas.