Además de estar en la mira de la Justicia por el pago de avances de dos obras públicas que no se hicieron, el exintendente ullunero Daniel Albarracín también se encuentra bajo investigación por otras tres causas. Una de ellas es por no devolver 13 celulares que fueron comprados con dinero de la comuna, de los cuales, uno lo usó él. La segunda es por la presunta adulteración de una firma en una orden de pago y la última es por unos bienes en desuso que retiró un particular del depósito oficial, pese a que el Ejecutivo municipal le había negado la autorización. En la primera, un fiscal pidió que el ex jefe departamental sea indagado y que se allane su domicilio en busca de los equipos, mientras que en las restantes se están recabando las pruebas para establecer cuál es su responsabilidad en los hechos.
Albarracín terminó su mandato el 10 de diciembre y apenas asumió su sucesor, el basualdista Leopoldo Soler, encargó auditorías y tras los resultados realizó una serie de denuncias. Las más avanzadas son dos: el pago de certificados por la construcción de un jardín maternal y la remodelación de la planta de agua potable municipal. En ambos casos, las tareas no se realizaron y por ello será indagado mañana en el Cuarto de Instrucción (ver recuadro).
Albarracín llegó a la conducción de Ullum de la mano del basualdismo. Ya en el poder, pegó el portazo y regresó al PJ.
Pero no es lo único que el exintendente tiene en su horizonte judicial. Sobre sus espaldas pesa otra investigación por presunta estafa. Según la denuncia, hay constancias de que Albarracín compró con fondos públicos 13 celulares de alta gama para su gabinete y que se dejó uno para él. Sin embargo, cuando Soler tomó las riendas del municipio, no encontró los equipos por ningún lado. Fue así que intimó a su predecesor para que devolviera los aparatos y como no tuvo respuesta, recurrió a la Justicia. La causa se gestó en febrero y el fiscal Carlos Rodríguez abrió la investigación, le pidió al juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adarvez, que indague a Albarracín y que allane su domicilio.
Por otra parte, la fiscal Ana Lía Larrea también requirió la instrucción de dos causas más, que se encuentran en el juzgado que dirige Martín Heredia. La primera surgió cuando Nidia Páez le reclamó a la gestión de Soler el pago de una pauta oficial del mes de julio de 2015 por 3 mil pesos. En los registros de la comuna figura que se le había entregado una orden de pago por ese importe, pero la mujer señaló que la firma inserta en el documento no era de ella y que nunca había recibido el dinero. El actual intendente solicitó al Banco San Juan que le indicara quién cobró el cheque emitido por el municipio y el informe reflejó que lo percibió la empresa Moreno SRL, según la denuncia.
En el entorno de Albarracín dijeron que cambió su número de celular, aunque nadie lo tenía y no fue posible ubicarlo.
El segundo expediente es por la supuesta donación de chatarra del obrador municipal a Miguel Ángel Maffezzini, quien había solicitado los elementos. La anterior conformación del Concejo Deliberante aprobó la entrega de bienes en desuso, pero la norma luego fue vetada por decreto del ex jefe municipal. No obstante, Maffezzini se terminó llevando partes de vehículos.
En estos últimos dos casos, los investigadores están reuniendo los elementos para determinar si existe el delito, la responsabilidad de Albarracín como la máxima autoridad municipal y si también están implicados sus colaboradores. Además, hay una sexta denuncia que recayó en la Fiscalía de Fabricio Médici, quien entiende que su causa está conectada con las que tiene Larrea y por lo tanto, que deberían acumularse (ver aparte).
A rendir cuentas
Obras inconclusas y pagadas
El exintendente Daniel Albarracín y quien fuera su secretario de Obras, Horacio Ortiz, serán indagados mañana en el Cuarto de Instrucción como presuntos autores de fraude a la administración pública. Ambos están bajo la mira de la Justicia por dos causas. La primera es por la construcción de un jardín maternal. El contrato se firmó en 3 expedientes con una cooperativa que debía realizar los trabajos. En dos de ellos, se certificaron tareas por casi el 100 por ciento, pero en la práctica se hizo apenas el 7,5. El tercero señala que se concretó el 62,5 por ciento de la obra, pero como en el contrato no se especificaron los ítems que se debían llevar a cabo, la auditoría no pudo determinar el verdadero avance de obra.
La segunda es la remodelación de la planta de agua potable municipal, por la cual se pagaron 255.163 pesos a la empresa PVC San Juan por casi el 55 por ciento de la obra, cuando en realidad se ejecutó menos del 1 por ciento, según la denuncia.
Bienes desaparecidos
Soler denunció a Albarracín porque al asumir no encontró en el depósito los 69 bienes municipales que este le había dado de baja al final de su gestión, entre los que figuran herramientas, elementos de oficina y electrodomésticos en mal estado. El fiscal Médici le pidió al juez Benito Ortiz, del Primero de Instrucción, que acumule la denuncia con las que llevan adelante en el Cuarto de Instrucción. El representante del Ministerio Público entiende que hay conexión entre las causas y apunta a evitar la dispersión de las investigaciones. Aún no hay requerimiento de instrucción.