Por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal entendió que los empleados del Banco Nación Liliana Rabasa y Fabián Saavedra no pueden ser considerados como funcionarios públicos y, por lo tanto, pueden acceder a un beneficio que les permite quedar desvinculados de una causa por fraude contra la administración pública, entre otros delitos. El régimen a su favor se denomina reparación integral del perjuicio, dado que se comprometieron a devolverle a la entidad financiera 477 mil pesos luego de que fueran acusados de sacar 240 mil pesos de la cuenta de un cliente en 2015. La decisión del máximo tribunal penal federal del país significó un rechazo al planteo del fiscal Francisco Maldonado, quien se había opuesto a que los imputados quedaran dentro de ese mecanismo porque, en primer lugar, valoró que sí son funcionarios públicos y, en segundo lugar, que el acuerdo de conciliación que habían firmado, homologado por el Tribunal Oral local, no debía proceder porque necesitaba de su aval, debido a que es el responsable de la persecución criminal y es el que decide si se llega a un arreglo en una causa o se va a juicio.
El fallo de Casación no está firme, ya que el fiscal ante ese tribunal puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la resolución quedara confirmada, los imputados deberán depositar el monto acordado, lo que debe ser acreditado por el banco. Cuando eso se produzca, los jueces Daniel Doffo y Hugo Echegaray, más su par Eliana Rattá, del Tribunal Oral Federal (TOF), sacarán una sentencia en la que se los desvinculará (se les dictará el sobreseimiento) por la extinción de la acción penal por la reparación del daño. Rabasa era subtesorera, mientras que Saaveedra fue jefe de la Plataforma Operativa del Nación y, tras una investigación interna y la denuncia de la entidad bancaria, estaban en la mira de la Justicia fraude contra la administración pública y, al ser considerados funcionarios públicos, también se les endilgó la sustracción de caudales que tenían bajo su cargo. Ambos fueron acusados de ser los presuntos responsables de las extracciones a la cuenta de un docente universitario.
Los dos iban a enfrentar el juicio a fines del año pasado en el TOF, pero sus abogados presentaron el planteo de reparación integral del daño, el cual consistió en la devolución de unos 477 mil pesos, casi el 100 por ciento de la suma que perdió el cliente, quien fue indemnizado por el Nación. Desde el banco respondieron que la oferta era aceptable para compensar el perjuicio patrimonial, pero el fiscal se opuso porque el nuevo Código Procesal Federal impide que los funcionarios públicos accedan al beneficio de tal conciliación. No obstante, los magistrados le dieron el OK a la propuesta de Rabasa y Saavedra, debido a que el impedimento contemplado en la normativa no se encuentra vigente y, en ese marco, no es aplicable en este caso.
Maldonado acudió a Casación Penal porque destacó que si hay un dictamen fiscal negativo, "el proceso no puede concluir si el titular de la acción penal pretende llevar el caso a juicio". Sin embargo, la jueza Ángela Ledesma y su par Javier Carbajo rechazaron su planteo. La primera resaltó que los imputados no son funcionarios, ya que efectuaban "funciones que, por un lado, no dejan de ser administrativas y son equivalentes a las que se realizan en cualquier banco privado". Su colega coincidió en ese punto y, con ese parámetro, Rabasa y Saavedra pueden acceder al beneficio.
Continuidad
Fuentes judiciales dijeron que, tras una sanción, Fabián Saavedra siguió ligado al Banco Nación, al punto que es gerente en Jáchal. Liliana Rabasa fue despedida, pero, tras un planteo en la Justicia, fue reincorporada debido a que tenía tutela sindical. Así, continúa prestando tareas en la entidad bancaria.