Como consecuencia de una ampliación de la denuncia penal que presentó la nueva administración de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), ahora son los prestamistas de la entidad los que están más cerca de ser investigados por usura y, eventualmente, de evasión. La fiscal del caso pidió una serie de medidas para aclarar el panorama y decidir si requiere que se abra un proceso por esos delitos. Los que quedaron en la mira son el abogado Jorge Lecich, apoderado de SAMY SRL; Juan Antonio Ortega, un empleado de la Escuela Industrial, y su hijo Joaquín Ortega, según dio a conocer el abogado de la organización, Carlos Vila.

Tal como ya lo habían advertido fuentes de la causa a este diario, tras la primera denuncia en noviembre del año pasado contra dos exdirectivos, el expresidente Rubén Castro, y el extesorero Roberto Bazán, acusados de haber cometido administración fraudulenta, la investigación perfilaba para apuntar a los prestamistas. Es porque como la Mutual estaba fuertemente endeudada, los exdirigentes habrían recurrido para obtener fondos a especuladores, a quienes entregaban cheques al portador a cambio de dinero fresco, pero con la consecuencia de pagar intereses exorbitantes. Según una rendición de cuentas provisoria, se calcula que los cheques en manos de los acreedores ascenderían a los 5 millones de pesos, sin que se tenga en claro en qué se invirtieron.

La usura es un delito previsto en el artículo 175 bis del Código Penal, que consiste en que una persona, aprovechándose de la necesidad de dinero de otra, le presta dinero pero cobrándole intereses o ventajas “desproporcionadas”. Según fuentes de la causa, mientras que en los préstamos bancarios el interés oscila entre un 25 a un 30% anual, en estas operaciones el interés pagado rondaba el 180% anual.

Según fuentes judiciales, tras la presentación de los miembros de la Mutual, la fiscal Teresa Ravetti ha solicitado medidas previas porque todavía no tiene la total presunción de que se ha cometido el delito de usura. Por ejemplo, puede solicitar información a la AFIP para determinar si se trata de operaciones registradas o no. En este último supuesto, si se estuviera frente a la evasión de impuestos, incluso podría tomar intervención la Justicia Federal. Si la fiscal encuentra elementos suficientes, recién le pedirá al juez Maximiliano Blejman, a cargo de la causa, que investigue a los denunciados por los nuevos delitos.

Los que están en la mira son Jorge Lecich, un abogado que actúa como habilitado en la empresa de servicios SAMY SRL, en la que el socio gerente es su padre, Jorge Radovan Lecich. El letrado es secretario del Bloque de Producción y Trabajo en la Legislatura y docente de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Los otros son Juan Antonio Ortega, que trabaja en la Industrial, y el tercero es su hijo Joaquín Ortega.

Según fuentes judiciales, el juez Blejman también mandó el viernes los oficios a los juzgados civiles en los que se tramitan los juicios ejecutivos de los prestamistas contra la Mutual para de esa forma suspender los embargos. Pero la palabra la tienen los magistrados (ver aparte).