La situación de la abogada Isabel Pérez Palacios, una de las ternadas para ser jueza de Instrucción Nº 5, sigue dando que hablar. La mujer trabaja en la Justicia mendocina y desde distintos sectores objetan su postulación por no cumplir el requisito constitucional de residir en San Juan, pero ella lo niega y afirma que vive aquí. En el bloque de diputados oficialistas no le daban mucho crédito a los cuestionamientos, pero ahora dudan entre sostenerla en la terna o pedir que sea dada de baja a raíz de algunos condimentos nuevos. Esta semana se conoció que la profesional se presentó en la vecina provincia en un concurso para ser magistrada y al mismo tiempo, trascendió una constancia oficial que dice que está domiciliada y empadronada allá. Acerca de su deber ciudadano de ir a las urnas, en su momento dio una extraña explicación: dijo que vota en Mendoza no por residir en ese distrito, sino porque está obligada por su condición de funcionaria judicial.

Las objeciones contra Pérez Palacios comenzaron en septiembre y responden a que ella misma declaró que su “domicilio real” es en Mendoza, por lo que los diputados opositores y el Foro de Abogados entienden que no encaja en el artículo 204 de la Constitución, que dice que para ser juez hace falta una residencia mínima e inmediata a la designación de 5 años en la provincia.

El que tiene la sartén por el mango es el bloque oficialista. Cuenta con una mayoría suficiente como para resolver si devuelve la terna al Consejo de la Magistratura para que Pérez Palacios sea reemplazada por otro aspirante que sí resida en San Juan o si la mantiene en el lote de nombres a considerar para el cargo en juego.

En esa bancada están reconsiderando la situación debido a los elementos que surgieron recientemente y no descartan tomar una resolución el lunes próximo, en la Comisión de Justicia y Seguridad. “Creo que vamos a tener que estudiar todo lo nuevo que hay”, aseguró un diputado peronista. Otro, en estricto off, dijo que no le resultaría extraño que Pérez Palacios no pueda seguir.

Uno de los elementos es una certificación de la Justicia Federal que indica que la abogada no figura inscripta en el Padrón Electoral de San Juan y que desde el año 2004 tiene domicilio en Mendoza, lo que podría ser útil para intentar echar algo de luz al debate acerca de su residencia. Dicho en otras palabras, en su DNI tiene un domicilio en la vecina provincia y por eso vota allá.

A juzgar por la documentación, Pérez Palacios no dijo la verdad cuando este diario le preguntó por qué emite su sufragio en Mendoza si vive en San Juan como ella afirma. “Soy funcionaria judicial y tengo que votar allá sí o sí”, había contestado. Fuentes judiciales aseguraron que en realidad, no hay norma alguna que obligue a alguien a votar en un distrito distinto al que está empadronado. Si lo hizo en Mendoza, es porque ahí está domiciliada y figura en el listado de electores.

El otro hecho es la postulación de Pérez Palacios en Mendoza para ser jueza de Ejecución Penal. “Yo no lo hubiera hecho”, tiró el diputado del PJ y miembro del Consejo de la Magistratura, Víctor Muñoz Carpino, cuando se enteró.

En Diputados les cuesta entender por qué, en medio de la polémica sobre su residencia, entró en un concurso en la otra provincia. Muñoz Carpino aseguró que él, en todo caso, hubiera esperado que se termine el proceso en San Juan.

En el Consejo de la Magistratura fue dónde peor cayó. Es que el presidente, Juan Carlos Caballero Vidal, había salido a bancar a Pérez Palacios y el cuerpo entero, cuando los diputados le remitieron una nota del Foro de Abogados objetando la inclusión de la abogada, sentenció que la terna ya está conformada. Unos días después, se quedaron helados con la noticia.