Cuando todavía están frescos los roces entre los gobiernos de San Juan y de Mendoza por la promoción industrial un nuevo conflicto parece asomar entre ambas provincias. Ahora el ministro de Gobierno de la vecina provincia, Mario Adaro, salió a criticar a los dos jueces federales de nuestra provincia, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Angel Gálvez, acusándolos de pertenecer a la "corporación judicial federal".
Es porque el Gobierno mendocino tiene interés en apurar la investigación contra el juez de Cámara Otilio Romano, quien está sospechado de no haber investigado casos de desaparición de personas y de torturas durante la dictadura militar en Mendoza. Y una decisión que tomaron los jueces sanjuaninos junto con otro mendocino frena ese propósito.
Mientras el primero, Rago Gallo, prefirió remitirse al texto de una resolución que firmó, su par, Gálvez, dijo que "no vale la pena contestar, el ministro tiene su postura política".
No es la primera vez que hay puntos de enfrentamiento entre los gobiernos de ambas provincias (ver aparte).
Ambos magistrados integraron una sala de la Cámara de Apelaciones de Mendoza que decidió separar al juez mendocino Walter Bento de una causa en la que se investiga al juez Romano.
La separación de Bento de la causa fue decidida por los dos jueces federales sanjuaninos, que habían sido convocados especialmente para esa situación, y por el juez Julio Demetrio Petra.
Fue en respuesta a un pedido de recusación que había hecho el propio Romano, que había aducido enemistad con el juez Bento.
Conocida la resolución, que está fechada el 5 de octubre, el ministro Adaro -uno de los puntales del gabinete de Celso Jaque- calificó de "grave" la decisión. Y agregó que la postura de la Cámara constituye una "situación de extrema gravedad" que demuestra que "ha aparecido la trama de la corporación judicial federal".
No se quedó ahí el ministro y afirmó que "quitaron del medio a un juez que trabaja con seriedad e independencia", sostuvo.
En círculos políticos mendocinos siempre se ha considerado al juez Romano como "el hombre de mayor influencia en la justicia federal en Cuyo", incluyendo los planteles de jueces federales en Mendoza, San Juan y San Luis. Entre esos jueces están los sanjuaninos Rago Gallo y Gálvez. De allí que se interrelacione el apartamiento de Bento de la causa como consecuencia de "la influencia del imputado en los hombres que integraron la Cámara que terminó separando a Bento", dijeron fuentes judiciales mendocinas.
En la resolución firmada por Petra, Rago Gallo y Gálvez, los jueces señalan que "las consideraciones y opiniones negativas formuladas por la cónyuge del juez recusado (Bento), respecto del imputado (Romano) resultan a criterio del tribunal indicativas de una animadversión hacia el doctor Romano. Siendo ello así, y proviniendo tales expresiones del círculo más intimo del doctor Bento, el temor fundado sobre una posible falta de imparcialidad del instructor cobra valor potencial que puede gravitar en el ánimo del juzgador".
Para el abogado mendocino Pablo Salinas la decisión judicial "reviste una gravedad institucional enorme", y reconoció que esto deja en suspenso todo el proceso.
Salinas, junto a la abogada Viviana Beigel, ambos del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, presentaron ante el Consejo de la Magistratura un pedido para que se investigue la conducta de los jueces Petra, Rago Gallo y Gálvez. A estos dos últimos es porque tendrían "amistad íntima" con Romano y se deberían haber apartado de la causa, según dice la denuncia.
Romano, junto a otros jueces y ex magistrados de Mendoza, está imputado por el delito de omisión en la investigación de hechos cometidos durante la dictadura militar entre los años 1975 y 1983. En su caso como presunto partícipe secundario en 55 privaciones ilegítimas de la libertad.