El oficialismo y el radicalismo del Senado acordaron ayer avanzar la semana próxima en el tratamiento a nivel de comisión del proyecto que establece un "tope" en la facultad de reasignar partidas a la Jefatura de Gabinete, anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández. Todo se resolvió en una reunión que mantuvieron ayer los presidentes de ambos bloques, el peronista Miguel Angel Pichetto y el radical Ernesto Sanz, donde el mendocino propuso pasar el tema a la comisión de Presupuesto para que sea analizado, contó una fuente legislativa.

La postura radical implica en los hechos solo un compromiso de trabajar el tema en los plazos normales legislativos, pero no hubo de parte de Sanz un respaldo explícito a la iniciativa, pese a que el martes junto con el presidente del radicalismo y actual senador Gerardo Morales, habían planteado la cuestión de los superpoderes como uno de los temas.

Incluso, el establecimiento de un techo similar al que tiene la Ciudad de Buenos Aires -el 5% del Presupuesto- había sido una propuesta radical que el mismo Pichetto se encargó de destacar en un comunicado al finalizar la reunión del martes pasado. El proyecto del gobierno, que ayer ingresó al Senado, plantea modificar "el artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera", que faculta al jefe de gabinete a reestructurar las partidas, para que en el próximo ejercicio las reasignaciones "no superen el cinco por ciento del total del presupuesto".

"Dentro del límite fijado no quedan comprendidas las modificaciones presupuestarias que incluyan créditos de la jurisdicción 91", aclara el proyecto.

La categoría "jurisdicción 91", que se refiere a "obligaciones a cargo del Tesoro", fue en el pasado blanco de pedidos de informes de la oposición frente a la sospecha de que sus fondos se reparten sin control.

La iniciativa también hace mención a "la difusión política y mediática" de los llamados superpoderes, que considera fue atacado en forma diferente a nivel nacional "pese a su similitud con otras de igual finalidad existentes en las normativas provinciales y municipales del rubro que no son atacadas de la misma manera".

Por su parte, Pichetto consideró ayer como "un gesto importante en sí mismo" la decisión adoptada por la presidenta que demuestra "razonabilidad" y comprensión del comienzo de "una etapa distinta" en el país, tras la derrota electoral de junio que obligó al oficialismo a abrir las puertas del diálogo político con la oposición y distintos sectores. En tanto, el bloque de diputados nacionales de Encuentro Popular y Social, integrados por socialistas aliados al gobierno y ex kirchneristas, consideró "correcto que se limite la norma mal denominada "superpoderes", pero reclamó que se incluya "una disposición para que queden exceptuados de esta medida los cambios que impliquen una disminución de la finalidad Servicios Sociales", como "salud, educación y desarrollo social".

A su vez, el diputado de la CTA Claudio Lozano propuso que solo se pueda modificar el 10% del monto de cada partida dispuesta por el presupuesto nacional.