Unos 735 adjudicatarios de viviendas de la Cooperativa Gualcamayo, que corresponden a unidades construidas en San Juan, Mendoza y Córdoba, tendrán quitas de entre un 40 a un 60 por ciento en sus deudas, según se acordó ayer en una audiencia de conciliación en el despacho del juez federal Miguel Gálvez. Además, podrán empezar a escriturar sus casas, un trámite que hasta ahora no habían podido hacer.
El plan consiste en que cada vecino debe acordar con la cooperativa la forma de pago del saldo de la deuda, considerando que una casa que, a valores de mercado puede costar unos 300.000 pesos, se la considerará a un monto que oscila entre los 140.000 a los 180.000 pesos. Para la deuda se establecerá un plan de pago en cuotas con un interés equivalente a la tasa activa del Banco Nación.
Para los que tengan las casas canceladas y los que opten por un pago de contado, podrán escriturar en forma inmediata las unidades a su nombre.
La única autorizada para estos trámites es la Cooperativa Gualcamayo, que funciona en la calle Jujuy 40 Sur, oficinas 4 y 9. Y el que no esté asociado a la entidad deberá hacerlo para poder completar los trámites. Los adjudicatarios de la cooperativa tienen plazo hasta el 31 de marzo del 2013 para acceder a los beneficios del acuerdo.
Con el convenio, que todavía tiene que ser homologado por el magistrado, llega a su fin una larga lucha de los adjudicatarios de la cooperativa, cuyas casas se comenzaron a construir en 1992 por la empresa Suma, que en aquel entonces integraban Mapal Construcciones y Jorge Eduardo Suárez. Pero después los vecinos, por los vaivenes de la economía, tuvieron problemas para cumplir con el pago de las cuotas, sobre todo con la crisis del 2001, y entonces empezaron las ejecuciones y las quitas de las casas.
La cobranza estaba repartida y fue así que algunos vecinos habían pagado parte de las cuotas a la constructora y otros a dos fideicomisos, a quienes Suma había cedido parte de la cartera de deudores.
Tal fue el conflicto entre los adjudicatarios, la constructora y los fideicomisos, que en el 2006 la cooperativa, que era la que administraba la entrega de las unidades y la respectiva cobranza, fue intervenida a pedido de los propios vecinos, quienes habían denunciado algunas irregularidades en la Justicia Federal.
Según fuentes del juzgado, entre otras irregularidades se había detectado que si los vecinos se retrasaban en los pagos les cobraban intereses exorbitantes y que ante cualquier inconveniente debían litigar en los juzgados de Capital Federal. Así, cuando un adjudicatario se retrasaba y lo intimaban, tenía que ir a la Capital Federal a defenderse, con lo cual en la mayoría de los casos terminaba perdiendo la casa.
Una de las primeras disposiciones del juez Gálvez fue disponer que todo se resolviera en los juzgados de San Juan, que se pusieran al día los libros de la cooperativa con la intervención y que se lograra un acuerdo razonable para los adjudicatarios.
El acuerdo firmado ayer tiene 21 cláusulas, que ahora debe revisar el juez y aprobarlo, pero entre los puntos fundamentales establece la quita que va entre un 40 a un 60 por ciento que corresponden a 450 viviendas de San Juan, 240 de Mendoza y 45 en Río IV, Córdoba, que todavía están en litigio.
En la audiencia estuvieron presentes el juez Gálvez, Juan Carlos Pérez, a cargo de la Secretaría Civil; Héctor Márquez, interventor de la cooperativa; los abogados de la intervención, Gustavo Mulet y Carlos Infante; Martín Quiroga Massa, apoderado de Suma Construcciones y de Admicor SA, y Carlos Seade, apoderado de Kuantika SA.
Sobre el acuerdo alcanzado, el juez Gálvez opinó que ‘es un paso importante dada la cantidad de gente afectada‘. Y desde la intervención en la cooperativa, Márquez sostuvo que ‘todas las partes han puesto el máximo de voluntad para poder lograr un acuerdo‘.