La Corte Suprema y el Gobierno clausuraron ayer la polémica que sostuvieron en los últimos días, al arribar a un acuerdo para la creación de 750 empleos en la Justicia, lo que demandará una erogación presupuestaria de 36 millones de pesos.
El entendimiento se anunció en el Palacio de Justicia, tras una reunión entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quienes destacaron que hay una decisión común de modernizar y agilizar la actividad tribunalicia, sobre todo los juicios, imponiendo una "política de Estado".
"La relación con el Poder Judicial es muy buena", sintetizó Massa.
Lorenzetti explicó, en una conferencia de prensa luego de la reunión, que los empleados serán asignados a juzgados de todo el país y no sólo a aquellos donde se tramitan causas y juicios por delitos de lesa humanidad, cuya aceleración reclama constantemente el Gobierno.
Se aclaró que, además de la partida presupuestaria autorizada por la Jefatura de Gabinete, la designación de los empleados que se incorporarán con ese dinero requiere una ley del Congreso que cree los cargos. Voceros judiciales dijeron que la gestión ante el Parlamento la hará el propio Massa.
"Todos estamos preocupados por la celeridad de los juicios. Esta es una política de los tres poderes del Estado. Es una preocupación que tiene mucha relación con los casos vinculados a delitos de lesa humanidad, pero también es un derecho de todos los demás ciudadanos. También interesa acelerar los juicios de los jubilados, de los trabajadores, de los empresarios, de aquellos que tienen problemas en la justicia penal", declaró el titular de la Corte.
Lorenzetti y Massa se reunieron por la tarde en un encuentro que sirvió para descomprimir el enfrentamiento entre el Poder Judicial -básicamente varios miembros de la Corte- y el Gobierno, debate que tuvo su germen en el retraso del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, pero que se extendió a las condiciones de personal y de recursos que tienen los juzgados para llevarlos a cabo.
Tanto Massa como Lorenzetti aclararon que se trató de una reunión de orden técnico para tratar temas vinculados al personal del Poder Judicial, aunque tuvo un profundo significado político. Entonces, el jefe de Gabinete dijo que en el encuentro no se habló sobre la inseguridad.
La brevedad de la reunión, un claro gesto de distensión después de la pelea en la que se involucró hasta la propia Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, pareció denotar además que podría haber habido algún tipo de contacto previo para directamente anunciar un acuerdo sin fisuras ni lugar a algún tipo de discrepancia.