Los 2.651 contratados, de un total de 4.362, que tienen deudas con la Dirección General de Rentas (DGR) y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) podrán acceder de manera rápida a planes de pago para regularizar su situación y así, cumplir con uno de los requisitos que exige la histórica ley que les permitirá pasar a planta permanente. Esas reparticiones dispondrán de oficinas exclusivas para atenderlos. La medida apunta a agilizar los trámites de incorporación y es uno de los puntos que los funcionarios de la Secretaría de la Gestión Pública anunciarán hoy a las 10 en conferencia de prensa.
Además, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos también abrirán despachos para la atención exclusiva de los contratados. En la cartera educativa, los empleados deberán presentar el certificado analítico de sus estudios, ya que la norma exige una educación formal acorde a las tareas que cada uno va a desempeñar. En la segunda dependencia, los interesados que tengan algún tipo de antecedente podrán averiguar si resulta algún impedimento para quedar efectivos.
UNIVERSO DE CONTRATOS
El primer relevamiento que realizó la Secretaría de la Gestión Pública sobre el número de contratados en la Administración central, arrojó un total de 4.663 personas. Sin embargo, los funcionarios llevaron a cabo una depuración y el cálculo fino, hasta el momento, dejó una cifra de 4.362 empleados temporarios. La reducción de 301 contratados se debió a que, en su mayoría, fueron profesionales del área de Salud Pública que terminaron incorporados definitivamente a la repartición que brinda un servicio esencial. El resto de las bajas se produjo porque al momento de recolectar la información, hubo casos en los que algunas áreas pasaron listas de contratados en las que había superposición de nombres.
De esos 4.362 empleados temporarios, 2.651 (el 60,7 por ciento) presentan deudas con Rentas y el IPV. En el caso de la DGR, son 2.400 los deudores, mientras que en el Instituto de la Vivienda los morosos llegan a los 251. Estos contratados deben estar al día para pasar a planta y para que puedan acceder a un plan de pago de manera rápida y de esa forma se agilice el trámite, las dos reparticiones dispondrán oficinas especiales, con personal abocado a esa tarea, que cumplirá con su función en distintos horarios de atención, explicaron las fuentes. El otro objetivo de contar con oficinas exclusivas es para tratar de que no colapse la atención diaria de esas áreas, teniendo en cuenta que se acercarán numerosos grupos de trabajadores temporarios a regularizar su situación. Además, está en análisis el estado de 577 personas, de las cuales, algunas poseen un plan social, al cual deberán renunciar si quieren quedar efectivos, o están jubiladas, por lo que no podrán ingresar a la planta, pero sí podrán seguir como contratados.
El Ministerio de Educación también abrirá una oficina propia para recibir el certificado analítico de cada uno de los interesados. La ley del empleado público establece que el personal de maestranza debe tener la primaria completa, mientras que los administrativos deben poseer el título del secundario. Aquellas personas que no acrediten el nivel educativo requerido, entrará al Estado como interino (sin la estabilidad del efectivo) hasta que complete sus estudios.
La otra repartición que pondrá una oficina para consultas es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en donde las personas con antecedentes podrán averiguar si las causas que poseen representan un impedimento para integrar la planta permanente.

