En 2008, dos abogados del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) fueron echados por quien en su momento ejercía la presidencia: Jorge Rivera Prudencio. Por el episodio, los profesionales le hicieron juicio al organismo porque entendieron que el despido fue injustificado y que, además, no podían ser desplazados sin causa, ya que contaban con una estabilidad laboral. Los abogados tuvieron fallos a favor en distintas instancias para ser restituidos en sus cargos y que se les paguen todos los sueldos caídos, hasta que, en 2021, la Corte de Justicia local falló en contra del reclamo y dio por cerrado el asunto. A los letrados les quedó una última instancia, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su caso, pero, para eso, necesitaban que la Procuración General de la Nación (PGN) les diera el OK, lo que, finalmente, ocurrió a fines del mes pasado. Si bien la decisión de la Procuración no es vinculante, se trata de una postura de peso para obtener una sentencia favorable. No sólo les dio la razón sino que le pidió al máximo tribunal judicial del país que admita el planteo, que deje sin efecto la sentencia de la Corte local y que se dicte una nueva sentencia a favor de los profesionales. De darse ese escenario, hay fuentes calificadas que consideran que sería un grave revés para el EPRE, el que debería pagar todos los sueldos desde 2008 hasta que sean restituidos en sus cargos, monto que, a 2021, se estimaba en unos 50 millones de pesos.
La resolución de la Procuración favoreció a Pablo Moya y a Martín González. Ambos plantearon que fueron despedidos arbitrariamente por Rivera Prudencio, pero, además, señalaron que fueron víctimas de acoso laboral y de malos tratos por parte del extitular de la repartición. El ingeniero dejó de cumplir funciones en el EPRE en diciembre de 2020 y después de 23 años de servicio, luego de que el gobernador Sergio Uñac lo desplazara de su cargo por agredir verbalmente a un periodista de este medio.
Para pedirle al máximo tribunal que analice el caso, la Procuración dijo que la Corte de San Juan se equivocó al sostener que los empleados del EPRE no gozan de estabilidad en sus puestos de trabajo y que no correspondió indicar que Moya y González estuvieron bien echados por Rivera Prudencio, quien los despidió sin iniciarles un sumario administrativo, como hubiera correspondido para un trabajador del Estado. La Corte local había sostenido esa postura al indicar que, cuando los abogados ingresaron a trabajar, regía un nuevo texto del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), el que no contemplaba la estabilidad propia de los agentes del sector. Para indicar eso, se valió de dos disposiciones que modificaron el CCT, cambio aplicados a otros trabajadores de otras provincias, pero no para el EPRE, ya que, incluso, la entidad local no lo firmó.
Así, la procuración criticó a la Corte sanjuanina al decir que las disposiciones nuevas que hizo valer "no constituyen un convenio de ‘actividad’ ni un ‘texto ordenado’ que resulte aplicable en general a las relaciones laborales de todos los trabajadores que prestan tareas vinculadas al servicio eléctrico y, menos aún, a los agentes del EPRE de San Juan creado recién en 1995". Además, indicó que "el máximo tribunal local (provincial) ha otorgado a las disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo un alcance del que carecen, en tanto el único personal excluido del régimen de estabilidad absoluta es el que se desempeña en los sujetos que han intervenido en la negociación del acuerdo modificatorio CCT". Así, dijo que "el pronunciamiento (de la Corte sanjuanina) ha prescindido de la norma aplicable al caso, incurriendo así en un apartamiento inequívoco de la solución prevista para la cuestión que debía abordar (…) desconociendo el derecho a la estabilidad absoluta de la que gozan los agentes del EPRE".
>> CLAVES
Resolución
Si bien las causas de Moya y González se tramitan de forma separada, tuvieron dictamen de la PGN el mismo día y en el mismo sentido. El documento fue firmado por Laura Mercedes Monti.
Tiempo
Han pasado 15 años desde que los abogados fueron echados del EPRE. Durante ese plazo tuvieron fallos de primera instancia, de la Cámara Laboral y de la Corte. Ahora esperan fallo de la Corte Suprema.
> Otro polémico caso de despido en EPRE
La abogada Norma Navarro de Eguía fue despedida sin causa en 1998 y logró que la restituyeran en su cargo 24 años después, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le diera la razón y determinara que fue echada sin justificación. Ese caso fue tomado como base por los abogados Moya y González, pero, la Corte local evitó esa resolución al indicar que no se aplicaba al caso. Si bien la mujer fue reintegrada a su puesto, tuvo un llamativo revés judicial, ya que debió devolver plata de su bolsillo. Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil determinó que la profesional cobró "12.943 pesos en concepto de indemnización por el despido", por lo que correspondió la devolución al regresar a su trabajo. El monto actualizado ascendió a los 33 mil pesos.