Luego de la denuncia por las escandalosas cifras en las contrataciones de la ART para los estatales, la Justicia hará su primer movimiento. La fiscal Correccional Silvina Gerarduzzi le pedirá al Ejecutivo documentación sobre los convenios que firmó la gestión giojista con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) desde 2005 hasta 2015, el monto de las contrataciones y los servicios y las comisiones, entre otros puntos, según trascendió de fuentes calificadas. La medida es clave, ya que una vez que la funcionaria judicial tenga la información en sus manos, podrá contar con elementos para tratar de definir si hubo o no una maniobra delictiva en perjuicio de las arcas estatales. En el caso de que haya sospechas, el camino que tiene es impulsar que se abra la investigar e inclusive imputar a presuntos responsables. Caso contrario, el destino es el archivo de la presentación.
Las fuentes señalaron que la fiscal sacará hoy la resolución en la que solicitará lo que se denomina medidas previas para definir el futuro de la denuncia. La misma fue realizada por los abogados y dirigentes del Gen Diego Seguí y Marcelo Arancibia, quienes plantearon que deben investigarse los elevados precios que se pagaron durante años al IAPSER por la prestación de la ART y de otros servicios a la provincia y si la contratación directa y sus sucesivas renovaciones, sin pasar por una licitación, “constituye un hecho delictivo”.
La denuncia fue presentada la semana pasada ante la Fiscalía Correccional que conduce Juan Manuel Gálvez, pero este se excusó de actuar debido a que es pariente político de Walter Lima (está casado con la sobrina), el ex secretario General de la Gobernación de la administración pasada, quien llevó adelante la contratación de los seguros a través de un convenio firmado con la provincia de Entre Ríos. Así, la presentación recayó el martes en la Fiscalía de Gerarduzzi.
Desde 2005 y hasta enero del 2017, el IAPSER fue la única empresa que le prestó a San Juan el servicio de ART para los empleados estatales y la Policía, a través de renovaciones automáticas. El año pasado, el desembolso fue de unos 503 millones de pesos.
Una vez que se cumplió el plazo de la última renovación contractual, la gestión uñaquista decidió en diciembre llamar a licitación para abrir el juego y contar con otras ofertas que pudieran reducir los costos.
Así fue que las aseguradoras que compitieron, incluido el IAPSER, presentaron propuestas mucho menores a lo que se venía pagando. La compañía que hizo la más barata y que al final ganó el proceso licitatorio fue Provincia ART. La empresa ofreció cobrar poco más de 15 millones de pesos por mes, lo que representa un ahorro en las arcas provinciales de más de 300 millones de pesos anuales. El exgobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, manifestó en la radio Estación Claridad que en 2005 firmaron el convenio con el IAPSER por un menor valor de lo que se venía pagando a la compañía contratada por la gestión que lo precedió (ver recuadro).
Los números que salieron a la luz llamaron la atención y motivaron la denuncia. Arancibia y Seguí pidieron que se investigue lo ocurrido y propusieron que se solicitaran pruebas. Inclusive, plantearon que los delitos en juego son fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos o lo que el fiscal y el tribunal interviniente crean conveniente.
Así, será la fiscal Gerarduzzi la que deberá primero definir si hay elementos para impulsar o no la investigación. Para ello, dará el primer paso con la solicitud de medidas previas para armar el rompecabezas.
Empresas interesadas
5 Fue la cantidad de compañías que presentaron ofertas en la licitación, incluida el IAPSER. La ganadora de la compulsa fue Provincia ART.
Alumnos
El Gobierno provincial también llamó a licitación para cubrir el seguro de los alumnos de las escuelas estatales, luego de que el IAPSER lo viniera prestando desde 2007. La aseguradora se presentó en la competencia y en la apertura de sobres salió a la luz que presentó una oferta que significó un 46 por ciento menos de los que venía cobrando.