Armando Albors juró como ingeniero civil en agosto de 1997, pero de 41 materias sólo tenía aprobadas 9, sólo casi el 20 por ciento. Antonio Harrison egresó con el mismo título en noviembre de 1996, pero de 41 materias sólo tenía rendidas 25. Claudia Naveda, que seguía la misma carrera, aprobó sólo 16 de 26 materias en las que se presentó hasta diciembre de 1997. Los 3 fueron acusados ayer de haber falsificado instrumentos públicos, los títulos de ingeniero civil los dos primeros y el certificado analítico en el caso de Naveda, aunque no llegó llegó a obtener al diploma. Esto, en el marco del juicio por los llamados títulos truchos en la Universidad Nacional de San Juan, que está llegando a su fin.
La fiscal Silvina Godoy pidió 5 años de prisión de cumplimiento efectivo para ellos, mientras que la querella, integrada por los abogados que representan a la UNSJ, elevaron la condena a 6 años, el máximo de la pena prevista en el Código Penal. Para 4 empleados de la Facultad de Ingeniería, María Cristina López, que era jefa del Departamento Alumnos; María Cecilia Lucero, que era directora de Apoyo a la Enseñanza; y las empleadas Francisca Garcés y Gladys Pérez, la fiscal pidió 3 años de prisión en suspenso, mientras que la querella elevó la condena a 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. La palabra final sobre si hay condena o no será del tribunal cuando emita su resolución (ver aparte).
Ayer se reanudaron las audiencias del juicio en la casa de estudios, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal presidido por el juez Juan Carlos Turcumán. Luego del receso invernal, prolongado por los efectos de la gripe A, ayer comenzaron los alegatos acusatorios por parte de la fiscal Godoy y de los abogados querellantes de la UNSJ, Cristina Naveda y Roberto Scherbosky.
La fiscal Godoy dijo que con las maniobras "se puso en peligro el prestigio" de la Universidad y mencionó que había "desorden y desidia" en quienes debían controlar.
Según el relato de la acusación, los ex alumnos Albors, Harrison y Naveda -quien, incluso, fue funcionaria en el Gobierno de Alfredo Avelín al frente de los planes sociales-, habrían contado con la complicidad de la empleada Garcés, quien registraba en el sistema informático como materias aprobadas algunas que no figuraban en las actas de exámenes. Así, con la falta de controles posteriores, los dos primeros obtuvieron los títulos de ingenieros. Naveda no lo consiguió porque explotó la investigación y hasta su expediente se extravió.