El juez provincial Pablo Oritja y el de Capital Federal Sebastián Casanello pidieron, casi en simultáneo, secuestrar documentación de tres ministerios sanjuaninos por el derrame de líquido cianurado que sucedió el domingo 13 en Veladero. La petición del primero llegó antes a los despachos oficiales y los papeles quedaron bajo su dominio para seguir investigando qué pasó y quiénes son los responsables. Lo cierto es que hay dos causas penales en jurisdicciones distintas por el mismo hecho y eso podría derivar en un conflicto de competencia, aunque la ley indica que en estos casos debe intervenir la Justicia local. El magistrado porteño puede insistir y si ni él ni su colega declinan, sería la Corte Suprema la que tendría que resolver dónde se debe sustanciar el proceso.
La causa que tiene como juez a Oritja se abrió a dos días de la fuga y fue a instancias de una denuncia que hizo la administración giojista con el objetivo de que se determine lo que sucedió y si hubo delito. La que está bajo la órbita de Casanello se disparó después, a raíz de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En las dos hubo novedades ayer.
En la mañana, por orden de Oritja, efectivos de la Policía local se llevaron documentación referida al derrame y al emprendimiento Veladero, explotado por la firma Barrick, de los ministerios de Minería y Salud, de la Secretaría de Ambiente y de Obras Sanitarias S.E. ¿El objetivo? Conocer qué dicen los registros oficiales sobre la fuga, el plan de contingencia que aplicó la empresa, lo que hizo el Estado y los resultados que arrojaron los análisis hechos en aguas de ríos cercanos a la mina (hasta ahora, todos dieron negativo), de manera de sacar conclusiones y, eventualmente, disponer nuevas medidas.
Un rato más tarde, en Minería, Medio Ambiente y Salud se sorprendieron ante la llegada de personal de la Justicia Federal que requería la misma documentación. Casanello mandó un exhorto a San Juan y a través del juez federal Penal con asiento en San Juan, Leopoldo Rago Gallo, mandó a allanar esas tres dependencias. Sin embargo, la medida no se pudo ejecutar debido a que las pruebas ya estaban a disposición de Oritja y su investigación.
La superposición era una cosa casi cantada, teniendo en cuenta que hay dos magistrados de distinta jurisdicción abocados al mismo caso. Uno se tiene que correr, en virtud de que no pueden entender dos jueces al mismo tiempo porque hay riesgo de que dicten sentencias contradictorias.
Un dato que podría ser esclarecedor es el llamado principio de territorialidad, que significa que un delito se investiga en el lugar dónde sucedió. Eso le daría la derecha a Oritja, ya que el derrame ocurrió en la provincia, más precisamente en la circunscripción que comprende a Iglesia y Jáchal, y él es el que tiene competencia allí.
El otro punto que define quién debe intervenir es la naturaleza y el alcance del hecho. La ley nacional de residuos peligrosos, que es complementaria al Código Penal, dice que la Justicia Federal es competente cuando los “residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”. Que se sepa, en el caso de Veladero no hubo ningún perjuicio fuera de San Juan y los ríos Las Taguas, Protrerillo y Blanco, donde cayó el líquido, no atraviesan Capital Federal. De ahí que la norma también abona la teoría de que la causa debe que quedar en manos del juez local.
Incluso, si la contaminación por el derrame fuera interjurisdiccional, el proceso también permanecería en suelo sanjuanino. Por la cuestión territorial, se debería hacer cargo el juez federal Penal con actuación en la provincia.
Sin los expedientes que requirió y habiendo tomado conocimiento que hay una causa en trámite en la Justicia sanjuanina, Casanello tiene las opciones de reiterar su exhorto o manifestarse incompetente. Si se inclina por la primera, Oritja le puede solicitar que se retire por no ser su distrito y si su par resiste, se desataría un conflicto entre ambos y la última palabra la tendría el máximo tribunal del país.
Una paradoja en la Justicia nacional: el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, se declaró incompetente en la denuncia de la FUCI por el mismo tema, al entender que no hay interjurisdiccionalidad y que el problema se focaliza en la provincia.