La denuncia que el ministro Sergio Bergman hizo en la Justicia Federal por el derrame amenaza con abrir otro conflicto de competencia. En Jáchal ya hay en trámite una causa para determinar si hubo contaminación y si la presentación del macrista encuentra eco en el fuero nacional, habría dos procesos por el mismo tema en marcha y eso obligaría a la Corte Suprema de Justicia a dirimir qué magistrado es competente y así evitar el riesgo de que existan sentencias contradictorias. El último antecedente de una puja de este tipo se dio por la fuga que se produjo en el mismo emprendimiento en septiembre del año pasado y el máximo tribunal, en base a una ley, resolvió que debía intervenir un juez provincial.

Bergman es el ministro de Ambiente de la Nación y la presentación la hizo en el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, que dirige Leopoldo Rago Gallo. El funcionario expone anomalías en la contención de la solución cianurada por parte de la empresa Barrick, que explota Veladero, y pide que se determine quiénes fueron los responsables.

Paralelamente, en la Justicia provincial está en marcha la causa que se sustancia en la Segunda Circunscripción Judicial. El juez jachallero Pablo Oritja ya se declaró competente y ordenó las primeras medidas. Interpreta que es el indicado para intervenir por el tipo de delito que está en juego y porque los hechos se dieron en su jurisdicción.

El alfil macrista aclara que su denuncia es “en el marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, cuya competencia corresponde al Ministerio de Ambiente, y no con motivo de la actividad minera”. Para avanzar y que se convierta en una investigación judicial, tiene que pasar un filtro: como en todo proceso, Rago Gallo debe primero analizar si está facultado a entender en la cuestión como lo dice el ministro y resolver en consecuencia. Si dice que no, aunque Bergman puede apelar, sólo quedaría en pie el proceso local. Pero si entiende que es de su incumbencia, se provocaría el llamado conflicto de competencia.

En esos casos, es la Corte Suprema la que desempata. ¿Por qué debe hacer de árbitro? Porque en derecho hay un principio que indica que no pueden existir dos procesos judiciales abiertos por el mismo hecho, ya que habría peligro de que se dicten resoluciones o sentencias que choquen entre sí. En definitiva, uno de los dos magistrados se tendría que correr.

El presunto delito bajo la lupa es el de contaminación, que está tipificado justamente en la Ley de Residuos Peligrosos. Un dato no menor es que esa norma establece que la Justicia Federal es competente cuando los “residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”. El incidente de Veladero, aparentemente, sólo tiene impacto local y eso le daría la derecha a Oritja si se llegara a desatar la compulsa jurídica.

No sería algo nuevo ni muy lejano en el tiempo para San Juan. Por el derrame de solución cianurada que sucedió, también en Veladero, el 13 de septiembre de 2015, se disparó en forma casi inmediata una causa penal en el juzgado de Oritja y días después, el juez de Capital Federal Sebastián Casanello hizo lugar a una denuncia que recibió de una entidad de abogados ambientalistas del sur del país. Cuando muchos pensaban que el porteño podía apartarse por ser incompetente, dispuso todo lo contrario y la cosa terminó a consideración del tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti.

La Corte Suprema falló tomándose del principio que establece la Ley de Residuos Peligrosos. Dijo que el juez competente era Oritja y no dudó en plasmar en su resolución un llamado de atención para el juez que después ganó notoriedad y algunos cuestionamientos por los casos de corrupción de la administración kirchnerista que investiga. Los cortistas señalaron que deben evitarse en el futuro “procedimientos similares al adoptado en el presente conflicto”, dado que el objetivo es “evitar excesos de la jurisdicción federal que perjudican las competencias que han sido asignadas a las provincias”.