El abogado Rubén Pontoriero es una de las patas del frente de ataque del Gobierno (la otra es Fiscalía de Estado) para impulsar la investigación por los manejos turbios en los juicios de expropiaciones. El letrado estuvo en el programa “A todo o nada” de Radio Colón y aportó detalles de la megacausa.
– ¿Qué cifra total está en juego en el escándalo de las expropiaciones?
– Hay una pericia sobre los montos, pero aún no nos corren vista. Pero le digo algunos casos en donde están en juego cifras que superan cualquier criterio de racionalidad. En el caso “Ruiz, Guillermo”, todavía no sabemos si son 700 o 1.400 m2, en el que se sentenció al Estado a pagar 18 o 19 millones de pesos, más 5 o 6 millones en honorarios, en el que la expropiación fue para abrir la calle San José y posteriormente la calle Matías Zavalla. Por 3 hectáreas y media del Parque de Mayo, a valores actuales, se ha sentenciado en primera instancia, cerca de mil millones de pesos. Y se ha sentenciado 10 millones de pesos, por 8 o 9 hectáreas de lomas al lado del dique cuesta del Viento, lomas incultas, barrancos, bajadas de agua.
– ¿Cuántos casos están bajo la lupa?
– Son entre 14 y 15 casos. Creo que se condenó en estos números y a nadie le importó revisarlos porque era el Estado el que pagaba.
– Dicen los jueces que resuelven sobre estos casos que la ley los obliga a aplicar intereses, que es lo que eleva las cifras. ¿Es así?
– Hay dos situaciones para discutir este tema. En Cuesta del Viento, lo que se está investigando es por qué las actas de toma de posesión desaparecieron de los expedientes y después termina desapareciendo en el Tribunal de Tasaciones, el criterio de pedirla a la Secretaría de Recursos Hídricos para tomar como fecha de valuación la fecha de posesión real. Y el tema de la desposesión jurídica que arguyen los jueces al momento de sentenciar es que es el momento en que se dicta el decreto.
– ¿Cómo es eso?
– La declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los inmuebles data de 1985, 1987 y 1990. Y es en 1994 y en 1997 cuando se produce la desposesión real, donde está el acta de la toma de posesión del Estado. La ley dice que la valuación del inmueble debe ser hecha a la fecha de desposesión. En éste y en muchos casos, el acta no se agregó o alguien la arrancó.
– ¿Qué consecuencias trae eso?
– El letrado investigado manifestaba que como no había fecha de toma de desposesión se tenía que tasar a valores actuales. El Tribunal giró oficios a Recursos Hídricos para solicitar si ellos tenían copias. Pero después, deja de solicitar las actas y empieza a tasar a valores actuales y como inmuebles urbanos.
– ¿Los jueces no mandaron a pedirlas para que se tasara como corresponde?
– En los casos donde no estaba el acta, no, tampoco.
-¿Qué jueces?
– Los casos que nosotros estamos investigando son del Primer Juzgado Civil, a cargo de Rosalba Marún de Sobelvio; del Cuarto Civil, en el que estaba Roberto Pagés, y del Quinto, en el que se encuentra Carlos Macchi. No tenemos otros casos.
– ¿Los abogados del Estado tampoco las reclamaron?
– No denunciaron la situación. Y es parte de la investigación.
– ¿Un juez tiene herramientas para evitar que se pague cualquier cosa?
– En mi opinión sí las tiene.
– ¿Pero no las usaron?
– No usaron ninguna herramienta ni un criterio de razonabilidad. Si uno está viendo que por aplicación estricta de la ley se escapa de toda racionalidad y razonabilidad, creo que cualquier juez tiene elementos para ajustarse a derecho y tratar de corregir esa desviación.