En su visita de ayer a San Juan, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, dejó una puerta abierta a un debate por la “muerte digna”, tal nombre reciben los proyectos que apuntan a limitar los tratamientos médicos que mantienen a una persona con vida aún cuando no tiene esperanzas de mejorar, de modo de evitar prolongar su padecimiento con tratamientos médicos.

Manzur fue consultado sobre DIARIO DE CUYO al respecto de esta polémica iniciativa, que ya cosechó cuatro proyectos en el Congreso de la Nación, pero en principio no se manifestó proclive ni contrario a que haya una ley nacional que permita ese tipo de prácticas. Pero sí dejó claro que es un tema que debe tener su debido debate, dada su importancia.

“Estamos a favor de la vida -dijo el Ministro-. En ese contexto, hay situaciones que son límite, situaciones difíciles que habrá que contemplar. Pero nosotros lo que hacemos es cuidar a nuestra gente”. Con su respuesta a si se debería avanzar o no en una regulación legal al respecto, el funcionario fue mucho más escueto aún: “Habrá que ver”, dijo.

Las declaraciones hechas por el ministro en la provincia, donde vino a presentar un plan integral de tratamiento de traumas (ver aparte), estuvieron en sintonía con la administración de Cristina Fernández, quien hasta ahora sólo dijo que la muerte digna debería generar una discusión en la sociedad argentina.
Pero el Gobierno no tuvo aún una pronunciación definida, pese a que hay cuatro proyectos en el Congreso que intentan legalizar el hecho de ayudar a pacientes a morir.

Entre los que más repercusiones tuvieron, uno es del senador por Buenos Aires Samuel Cabanchik, del bloque Proyecto Buenos Aires Federal, antes aliado de la Coalición Cívica y ahora claramente identificado con el oficialismo; su proyecto busca que el paciente en estado terminal pueda solicitar la suspensión de conexión a soportes vitales, y que si no está consciente o en condiciones de hacerlo, que otra persona pueda pedirlo por él.

El otro proyecto resonante es del diputado nacional Miguel Bonasso, del partido Diálogo por Buenos Aires, alineado con el bloque de centroizquierda de Pino Solanas en Proyecto Sur; la propuesta de Bonasso es similar a la anterior, pero no contempla el poder de decisión de una tercera persona, sino sólo del paciente. Los dos restantes proyectos en la cámara baja pertenecen a los diputados Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, y Gerardo Milman, del GEN.

La polémica por la muerte digna resurgió este mes en todo el país tras el caso de una mujer que pide que se desconecte el respirador artificial a su hija de dos años, quien permanece en estado vegetativo desde su nacimiento, en un sanatorio de Buenos Aires. La mujer, Selva Herbon, llegó incluso a escribirle una carta al ministro de Salud para pedirle que se sancionara la ley, pero dijo que el funcionario la había derivado a hablar con las autoridades sanitarias bonaerenses. Precisamente este caso es el que se sacó a colación ayer en San Juan, cuando Manzur se refirió a “situaciones difíciles” que se debería “contemplar” en la discusión.

Por lo pronto, los únicos antecedentes concretos que existen son la ley que se sancionó en 2007 en la provincia de Río Negro, que permite a los pacientes terminales negarse a recibir tratamientos que les produzcan sufrimiento o dolor, y las regulaciones similares en Neuquén y Chubut.