Es uno de los miembros más jóvenes del Gabinete nacional, fue fiscal General de la Ciudad Autónoma y Mauricio Macri lo eligió para encarar las reformas judiciales de la gestión presidencial. El ministro Germán Garavano habló telefónicamente con DIARIO DE CUYO y aseguró que la Justicia de San Juan no escapa a la necesidad de modernizarse, a pesar de ser poco proclive a los cambios. Por otro lado, dijo que avanzarán con la idea de darles a los fiscales la investigación de los delitos y que esperarán hasta fines del año que viene para reabrir la discusión por la reforma del Código Penal.
– Cuando dice que los jueces deben llevar los casos de corrupción a juicio, ¿cree que hay manos políticas que frenan los procesos?
– Había manos políticas y con el nuevo Gobierno desaparecieron. Este Gobierno deja que los jueces tomen las decisiones que tienen que tomar y eso ha generado la reacción que hoy vemos de la Justicia en general.
– Para que la mano política tenga éxito, debe haber un juez que lo permita…
– Sí, definitivamente. Como Oyarbide, a quien le aceptamos la renuncia rápidamente. Estamos acostumbrados, y no solamente con el Gobierno anterior, a que la política trataba de incidir en las decisiones judiciales. Necesitamos que la Justicia resuelva de acuerdo a derecho y no por el pedido de tal o cual…
– ¿Incluye en ese lote a Casanello?
– Yo lo dije como los grandes cambios que queremos hacer y sostener. No vamos a hablar de procesos en trámite, ni de jueces ni fiscales en primera persona. Queremos que el proceso funcione, ayudar a que la Justicia se modernice en todo el país, es el desafío.
– ¿Van a ir al sistema acusatorio a pesar de Gils Carbó?
– Sí, sí. Ir al sistema acusatorio es una política de Estado. Estamos mirando las experiencias de las provincias. Lo que no vamos a hacer es un avance como lo intentó el Gobierno anterior, de hacerlo para presionar a la Justicia y a ciegas. Hemos discutido con la comisión bicameral y se está aplicando un plan de trabajo. Tiene que ser un proceso gradual, donde se pueda experimentar con el sistema, hacer ajustes, capacitaciones, requiere un cambio en la modalidad de trabajo.
– Uno de los debates más fuertes es por el rol del procurador General, ¿qué facultades le quieren dar ustedes?
– El Gobierno anterior lo que quiso fue tener en el Ministerio Público una herramienta de presión y de defensa y generó una ley que exacerbó las facultades del procurador, cuando en realidad con el sistema acusatorio uno tiende a restarle facultades. Por la naturaleza del nuevo sistema acumula mucho poder, entonces uno le pone contrapesos y divide decisiones.
– ¿Están dispuestos a avanzar aún si no tienen éxito en fijar un mandato al procurador?
– Es un tema central y si queremos un sistema acusatorio, el procurador debe tener mandato. Hay organizaciones como el CELS que dicen que los 4 años que proponemos es poco, pero reconocen que el procurador debe tener un mandato. En Capital Federal es así, en Salta, Córdoba, Chile, Guatemala y Estados Unidos. Siempre que se avanza al sistema acusatorio, el procurador tiene un mandato. Es una de las grandes normas que se han aprendido en la región y el país.
– Ustedes hablan de una reforma integral de la Justicia que también alcance a las provincias, ¿cómo encaja la política judicial de San Juan en esa idea?
– En materia de Justicia, San Juan siempre ha sido conservadora y necesitamos que se modernice. En San Juan está un amigo, el fiscal General, el doctor Quattropani, con quien hablamos de distintos aspectos para lograr esa reforma que le digo que necesita la Justicia en general.
– ¿Por dónde habría que empezar en San Juan?
– Seguramente están analizando qué hace falta cambiar y nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que necesiten. Sería un gran avance que la Justicia de San Juan se rija por normas de calidad y la gente pueda evaluar el servicio. En esa línea, funcionarios del Ministerio de Justicia estuvieron trabajando con la Corte de San Juan para introducir normas de calidad. Por otro lado, con la Justicia y el Poder Ejecutivo avanzamos en mecanismos de vigilancia electrónica con las tobilleras o pulseras para personas con prisión domiciliaria.
– El Gobierno local también quiere usarlas para presos con salidas transitorias y hay jueces que dicen que se puede y otro que no, ¿a qué posición adhiere?
– Siempre lo tiene que decidir el juez, pero yo creo que sí se puede. En ese caso, uno se asegura que la salida transitoria quede reducida al domicilio.
– Cuando el kirchnerismo sacó la responsabilidad de los funcionarios del Código Civil, bajó de 10 a 3 años el plazo de prescripción, ¿es razonable?
– No, no, de ninguna manera. El plazo debería ser mayor y en esa línea se está trabajando. La idea es generar cualquier cambio a partir del año que viene.
– ¿Tienen fecha para reabrir el debate por el Código Penal?
– Lo queremos hacer para finales de 2017 y principios de 2018, cuando esté encaminada la reforma del Código Procesal Penal. No se pueden seguir haciendo parches, hay que discutir una reforma integral y no seguir con un Código desquiciado, que tiene penas muy graves para algunas cosas y muy bajas para otras.
– Hay dirigentes que proponen endurecer las penas para los delitos de funcionarios y que sean de cumplimiento efectivo, ¿esa idea tendría lugar en la reforma que quieren?
– Creo que el monto de las penas para esos delitos deben ser aumentados. Queremos tener una legislación de fondo seria, de largo plazo y ahí está incluido el agravamiento de las penas por delitos de funcionarios públicos. Pero más que las penas, el secreto está en que los responsables sean condenados, aunque sean penas bajas.