El conflicto político entre el intendente Rubén García y el Concejo Deliberante viene desde hace tiempo caldeado y se ha recalentado en las últimas semanas. En primer lugar, desde el legislativo municipal había salido a la luz el pedido de informes sobre la contratación que hizo un exfuncionario con la empresa de su madre y, segundo, hubo una interpelación al actual secretario de Gobierno por la demora en la recategorización del personal. El oficialismo cuenta con ocho concejales (de los 12 en total) y todos entraron en la lista que impulsó Juan Carlos Gioja, al igual que el jefe comunal, quien está peleado con el exintendente y diputado y no tiene diálogo con los ediles. Tras la escalada de la disputa interna y los problemas de gestión, se ha instalado la versión de que el giojismo avanzaría en un pedido de juicio político. Inclusive, circula que hubo sondeos entre los cuatro representantes del Pro sobre cómo actuarían ante tal embestida.
Al ser consultado, el concejal Fabián Olguín, presidente de la comisión de Hacienda del Concejo, quien encaró el pedido de informes por la contratación del ex secretario de Gobierno, Elías Robert, con la empresa de su madre para la provisión de talonarios para el cobro de tasas, negó que se esté avanzando en un juicio político. De todas formas, señaló que, "de mi parte, voy a ver que existan elementos serios para encarar un procedimiento de ese tipo. Todavía no hay elementos. Hay una ordenanza que no se está cumpliendo, que es la de la recategorización y el organigrama, la que viene muy demorada".
El intendente Rubén García se ha enfrentado con el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó.
La normativa que mencionó Olguín implicaba el ascenso para 386 trabajadores de planta permanente a partir de septiembre, aunque el aumento que deriva por el hecho de subir de categoría se cancelará en tres años. El municipio llegó a ese acuerdo con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) en audiencias de conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Trabajo tras una serie de paros. El enfrentamiento con el gremio es otro de los obstáculos que ha tenido García en su gestión, lo que ha impactado en la prestación de servicios, como la recolección de basura. De paso, el SUOEM está alineado con el giojismo.
Desde la comuna indicaron que profundizaron el relevamiento en el personal en condiciones de ascender y la cifra se estiró a 510. Incluso, aseguraron que la tarea fue realizada en conjunto con SUOEM y UPCN. Pese a ello, Olguín contó que el gremio municipal elevó un listado propio con los trabajadores y que, en estos días, lo hizo la comuna. Frente a esa situación, el edil dijo que el Concejo envió la lista oficial al sindicato para que la controle. Además, indicó que el legislativo interpeló al secretario de Gobierno, Guillermo Heredia, para que explique la situación sobre las promociones de los empleados.
En el municipio reconocieron que hubo una demora porque, entre otros motivos, se incorporó más personal en los ascensos, ya que al principio estaban previstas las promociones de la categoría J a la G y se sumaron de la I a la H. Por eso se pasó de 386 a 510 trabajadores. El compromiso había sido que los ascensos se iban a producir en septiembre, pero como el Ejecutivo comunal no llegó, el decreto salió recién este mes, en el que se liquidará la diferencia con el sueldo de octubre, retroactivo a septiembre.
A todo ello se sumó otro conflicto en el que el intendente apuntó a bajarse un porcentaje del sueldo junto con los ediles y la planta política para dar un incremento salarial a los empleados, pero, al final, el Concejo Deliberante no le aprobó la medida (ver Rechazan…).
Todo ese combo ha derivado en que corra la versión de que se analiza un pedido de juicio político y que hubo hasta consultas entre los concejales del Pro, quienes no estaría de acuerdo con la movida.
- Rechazan denuncia de SUOEM
A mediados de septiembre, el gremio que conduce Antonino D’Amico presentó en la UFI Delitos Especiales una denuncia contra el intendente Rubén García. El planteo, que fue desestimado por la Justicia, apuntó a que el jefe comunal dictó normas "en exceso de sus facultades" y que había incurrido en el "incumplimiento de sus deberes y abuso de poder". El cuestionamiento se dio por el aumento salarial que Rawson decidió dar a sus trabajadores para que estuviese en línea con el que el Ejecutivo provincial entregó a los estatales en junio pasado. Esto es, un 40 por ciento de aumento en un solo tramo, para que los empleados vean reflejado una suba del 65 por ciento en la mitad del año. Desde la comuna indicaron que, para dar ese incremento, García decidió bajar un 5 por ciento su remuneración y la de toda la planta política. Incluso, el intendente sostuvo que "como venían los tiempos de liquidar, lo consultamos con el presidente del Concejo Deliberante y cuatro concejales del Frente de Todos y nos dieron su palabra de que lo iban a aprobar. Nunca lo hicieron". Según la Carta Orgánica de Rawson, el sueldo del jefe comunal lo fija el cuerpo deliberativo. Al no cumplir con la carta magna rawsina, SUOEM denunció a García. La movida no prosperó porque el intendente dio marcha atrás con la baja del 5 por ciento.