Rubén Martín González y Denise Robles Bonadé continuarán bajo la modalidad de prisión domiciliaria durante los próximos cinco meses. Así lo resolvió este jueves el juez Guillermo Heredia en el marco de la causa que los investiga por presuntas estafas sistemáticas en la venta de terrenos en San Juan, cuyo perjuicio económico supera los $1.000 millones.
Durante la audiencia celebrada en los Tribunales locales, la querella representada por los abogados Néstor Olivera y Marcelo Sández solicitó el endurecimiento de las condiciones de detención y el inmediato traslado de ambos imputados al Servicio Penitenciario de Chimbas. El reclamo se fundamentó en presuntas violaciones a las restricciones impuestas, señalando una supuesta salida no autorizada de González y un episodio en el cual Robles Bonadé no habría respondido a un control policial. Sin embargo, el magistrado rechazó la petición al considerar que no se presentaron elementos probatorios suficientes para dar por acreditados dichos incumplimientos, optando por ratificar la detención domiciliaria.
La investigación judicial coloca el foco en una compleja maniobra de comercialización inmobiliaria ilegal que afectó a más de 200 compradores. De acuerdo con las imputaciones vertidas por el Ministerio Público Fiscal, a Rubén Martín González se le atribuyen 159 hechos por presunta estafa y desbaratamiento de derechos en concurso real, mientras que Denise Robles Bonadé enfrenta cargos como autora de estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos en 141 hechos.
Con más de 20 meses acumulados bajo distintas medidas cautelares, los dos empresarios continuarán privados de la libertad en sus residencias particulares mientras la causa avanza en la etapa de instrucción.