Hay enojo entre los propietarios de un terreno en Rawson (una hectárea y media) que pretenden dividir en lotes para cumplir con el sueño de la casa propia por una decisión judicial que omite conocer quién falsificó firmas en un juicio. Hace poco más de un año, pidieron ampliar la investigación de la UFI de Delitos Especiales contra Sonia Graciela Díaz y su hijo Gerardo David Carrizo Díaz, ambos abogados, por usar tres documentos con firmas falsas en el juicio civil en el que patrocinan a una de las propietarias de ese terreno, que se opone al parcelamiento. Según la denuncia, realizada el 27 de julio de 2023, encargaron un peritaje y el experto concluyó que es de la abogada y no la de su clienta la firma que consta en una apelación ante la Cámara Civil. En el escrito presentado en Fiscalía, aseguran que son 6 las firmas con la misma modalidad. Por eso solicitaban incluir como sospechosa a la clienta de los letrados, Susana Cabaña. Y que los pesquisas judiciales realizaran un peritaje caligráfico oficial a la abogada para comprobar lo que dicen.
Sin embargo, aseguraron que posteriormente en la UFI Delitos Especiales dictaminaron que “no reviste importancia determinar el autor de la presunta falsificación, una vez determinada la falta de autoría de la firma en los documentos en cuestión”, y que a la fecha no hay ninguna novedad de avance en la causa.
El terreno está sobre General Acha a metros de la Gruta de Fátima
“Nunca fuimos citados a declarar como denunciantes. Solicitamos tres veces peritajes y no se hicieron, denunciamos tres personas y no imputaron a ninguna. Nos constituimos como querellantes a través de la defensoría y peor, tuvimos que cambiar de abogado y al hacerlo, tomamos conocimiento de que todo iba encaminado a dejar afuera a los denunciados, conforme a que nosotros denunciamos expresamente el autor del delito. Con la sola calificación del delito, como uso de documentación falsa, dejan afuera a quien expresamente le probamos el delito”, se quejaron los denunciantes en un comunicado. Y agregaron: “Intentan hacer declarar a una hija para que diga que fue ella quien las falsificó. La Fiscalía nunca investigó lo denunciado, solo hizo un peritaje y estableció la falsedad de las firmas y como frutilla del postre ante tres requerimientos de que se realicen pericias de las firmas del denunciado, Fiscalía expresó que no hace lugar a una nueva pericia. Dice que conforme a la calificación legal no reviste importancia saber quién falsificó, sino que basta probar que son falsas, una verdadera injusticia dado que nunca se probó la inocencia de los denunciados, se los declaró inocentes sin pruebas. Solicitamos cambio de caratula a estafa procesal y defraudación en grado de tentativa”.
Actualmente la causa se encuentra en la Corte de Justicia por cuestiones de competencia.
“A Fiscalía no le importa quién fue el actor del delito. A nosotros los perjudicados sí y pedimos justicia urgente. Recibimos el inmueble como resarcimiento de daños y perjuicios en la estafa de Cóndor Propiedades, hace 35 años y hace 20 estamos solicitando la división de condominio conforme a lo solicitado. Hemos envejecido y no tenemos resto de espera”, dijo la ingeniera Zulma Ledesma, quien encabeza a los denunciantes, un remanente de los 156 damnificados inicialmente (muchos ya fallecieron) con el sueño de la casa propia a través de la firma ‘Condor Propiedades’, una estafa millonaria perpetrada hace más de 35 años, que quedó prácticamente en nada, pues solo pudieron rescatar esa hectárea y media que ahora pretenden fraccionar en 46 lotes pues, aseguran, es la única manera de poder incluirlos a todos.
“Estamos convencidos de que detrás de esta insistente oposición hay un trasfondo económico, no sabemos cuál, pero estamos seguro que esta señora y sus abogados buscan que nos rematen el terreno. Ella dice que le corresponde un lote entero, pero la forma en que se convino el parcelamiento (3 o 4 dueños por lote) es la única que los incluye a todos y no es verdad que eso le provoque un daño como dice”, dijo Ledesma en una nota anterior. “Esta señora apareció en la segunda etapa del juicio civil, cuando debíamos acordar cómo hacer la división parcelaria, pero nunca opinó, nunca fue a una reunión y nunca puso un peso, nosotros llevamos gastados más de 10 millones en obras de urbanización, impuestos y otros gastos”, agregó.