Este lunes, en una audiencia de revisión de detención, formalización y juicio abreviado, Juan Ignacio Raso Lloveras fue condenado a tres años de prisión condicional por la distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. El acusado, domiciliado en San Juan, fue investigado tras un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, que detectó a través de la red social WhatsApp que compartía archivos con contenido sexual explícito de menores.

El caso se originó a partir de los reportes recibidos de CyberTipline NCMEC, que detallaban el envío de 17 archivos de video el 14 de junio de 2024, y otros dos archivos en noviembre de 2023. Tras una exhaustiva investigación, se identificó a Raso Lloveras como el responsable, vinculado a los abonados telefónicos involucrados en los hechos. En septiembre de 2024, se llevó a cabo un allanamiento y detención de Raso Lloveras en su domicilio, donde se secuestraron elementos relacionados con el delito.

A lo largo del proceso, la defensa del acusado planteó su inimputabilidad, lo que dio lugar a varias evaluaciones médicas. Finalmente, el 26 de diciembre de 2024, la junta médica determinó que la edad mental del imputado era de 18 años y 3 meses, lo que permitió que se lo considerara imputable. En consecuencia, la jueza Ana Carolina Parra resolvió formalizar la investigación, declarar la imputabilidad del acusado y avanzar con el juicio abreviado.

En el acuerdo de juicio abreviado, Raso Lloveras fue condenado a tres años de prisión condicional por la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, en tres hechos en concurso real. Además, se le impuso el cumplimiento de reglas de conducta durante tres años, que incluyen abstenerse de consumir estupefacientes y alcohol, y someterse a tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico. Asimismo, se estableció la devolución de los efectos secuestrados bajo condiciones de sanitización o formateo.

La condena tiene como objetivo la rehabilitación del imputado, quien deberá cumplir con estas medidas mientras permanece en libertad condicional. El caso destaca la colaboración internacional y el esfuerzo de las autoridades para frenar la distribución de material de abuso infantil, protegiendo los derechos de los menores afectados.