Cristian Nahuel Videla recuperó la libertad luego de que la Fiscalía considerara que las pruebas analizadas hasta el momento no alcanzan para ubicarlo en la escena del crimen.
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La investigación por el crimen de Ángela Lita Álvarez, la jubilada que fue encontrada muerta en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, tuvo un nuevo giro. Cristian Nahuel Videla, uno de los cuatro acusados por el robo seguido de muerte, recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía, aunque continuará vinculado a la causa y todavía no fue sobreseído.
La decisión se tomó luego del análisis de las cámaras de seguridad y de los cotejos de ADN, estudios que, según plantearon desde la UFI Delitos Especiales, no aportaron pruebas suficientes para situar a Videla en la escena del crimen. El ayudante de la Defensoría Oficial, Carlos Fleury, no se opuso al planteo fiscal.
En la audiencia, el juez Pablo León sustituyó la prisión preventiva por medidas coercitivas menos gravosas. De esta manera, Videla deberá someterse al proceso, no entorpecer la investigación y presentarse periódicamente en la Comisaría 5ª, la dependencia más cercana a su domicilio. La medida tendrá una duración de 10 meses.
La situación de Videla se conoce luego de otra resolución judicial que benefició parcialmente a los cuatro imputados. La jueza Ana Lía Larrea hizo lugar al planteo del defensor oficial Hugo Trigo y redujo de 12 a 10 meses la prisión preventiva de Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Videla y Nahuel Ángel Vera.
Sin embargo, con la posterior decisión de la Fiscalía sobre Videla, los otros tres sospechosos continúan detenidos mientras avanza la investigación por la muerte de la jubilada.
El caso se inició tras el hallazgo del cuerpo de Álvarez en su vivienda. La investigación apunta a un robo que habría ocurrido entre el 23 y el 27 de julio, período durante el cual los sospechosos habrían ingresado en reiteradas oportunidades para sustraer electrodomésticos, muebles y ropa de cama.
El hecho quedó al descubierto cuando un vecino vio a dos personas intentando retirar una heladera en un carro enganchado a una bicicleta. El hombre logró reducir a Pozo y alertó a la Policía. Al llegar al domicilio, los efectivos de la Comisaría 5ª encontraron el cuerpo de la mujer junto a su cama.
En un primer momento, el avanzado estado de descomposición del cuerpo dificultó establecer la causa de muerte. Posteriormente, los estudios histopatológicos confirmaron que Álvarez murió por asfixia por sofocación.
A partir de ese resultado, la Fiscalía modificó la calificación legal y los sospechosos quedaron imputados como presuntos coautores de robo seguido de muerte, delito previsto en el artículo 165 del Código Penal, que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.
La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez. Los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad y buscando a otros dos sospechosos que permanecen prófugos.
La liberación de Videla no implica el cierre de la investigación en su contra: seguirá sometido a las medidas impuestas por la Justicia mientras se profundiza la búsqueda de pruebas para esclarecer el crimen de la jubilada.
