La juez de Instrucción María Inés Rosselot ordenó que un ingeniero mendocino de 33 años siga detenido en la cárcel de Chimbas hasta resolver lo que quizá represente el asunto más complicado en la vida del profesional: su situación como presunto autor de un delito grave, el supuesto abuso sexual de su propia hija de 4 años, dijeron fuentes ligadas a la investigación.

La decisión de la magistrado se respaldó en un par de informes psicológicos en los que se detectaron huellas del daño psíquico que en la nena dejaron las supuestas experiencias traumáticas con su progenitor.

El ingeniero en cuestión trabaja para una proveedora minera y por esa razón fue que se trasladó desde su provincia natal hasta San Juan con su familia. Pero por problemas conyugales, la pareja resolvió separarse hace unos meses luego de unos 4 años de casados, precisaron las fuentes.

Entonces fue que se llegó al acuerdo del régimen de visitas para que el padre pudiera compartir tiempo con sus hijos de 4 años y un varón de 2. Y ahora la principal sospecha es que durante esas reuniones se perpetraron supuestas prácticas aberrantes.

Fue el extraño comportamiento de la nena, notado incluso por una docente del jardín al que concurre, lo que llevó a su mamá a encargar estudios psicológicos a su hija para conocer el porqué de sus actitudes poco habituales para su edad.

Y esos informes (dos en total) fueron los que revelaron que detrás de todo habían prácticas abusivas de tipo sexual (que no llegaron a la violación) y que ponían en el centro de la escena al propio padre como supuesto autor de esas maniobras.

Con esos resultados en mano, la madre de la pequeña puso la denuncia en la policía y con los primeros indicios en contra del profesional, la juez María Inés Rosselot ordenó su detención (la cumplió en la comisaría 1ra.) y luego su traslado al penal de Chimbas.

Ahora la investigación será corroborada por los pesquisas judiciales con más prueba. Así, por ejemplo, la nena dará testimonio de su experiencia por el sistema de Cámara Gesell, en el que expertos en psicología la interrogarán en presencia de autoridades judiciales y la defensa. También se tomarán testimonios y se recabará toda la evidencia necesaria para corroborar si existió o no abuso sexual. Y en caso de confirmarse la sospecha, calcular de qué grado de gravedad fue el daño en la víctima.

Con toda esa evidencia, la juez y el fiscal de Instrucción Daniel Guillén, deberán evaluar y resolver otro punto crucial: calificar el delito y determinar si el joven ingeniero debe o no seguir preso en la cárcel de Chimbas.