El próximo 5 de febrero cumplirá dos años preso el bodeguero de 63 años procesado por el presunto abuso y corrupción sexual de su propio hijo y de otros dos chicos adolescentes, hijos de su expareja. Al cabo de ese plazo de prisión preventiva, todo imputado sin sentencia puede pedir su libertad, algo que podrá ocurrir con el empresario porque un fallo de la Sala II de la Cámara Penal le abrió esa puerta: según el abogado defensor, Marcelo Fernández, el tribunal anuló una parte del caso (desde la vista al fiscal para que formule acusación), apartó al juez y al fiscal que lo investigaban porque ya opinaron, ordenó incorporar dos pruebas claves que no le permitieron agregar y cualquier otra que crea conveniente a sus intereses.
“Es la primera vez que a mi cliente le dan la posibilidad de defenderse”, dijo Fernández, conforme con la resolución de los jueces Ernesto Kerman, José Atenágoras Vega y la subrrogante Graciela Del Pie.
Así, el caso volverá a la etapa de investigación, ya sin el juez Guillermo Adárvez y, en principio, con su par Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción). La fiscal Ana Lía Larrea que ya había pedido elevar la causa a juicio, también fue apartada aunque no se sabe quien la remplazará.
En su fallo, el tribunal rechazó el pedido de anular la Cámara Gesell a los tres menores, pero dio la oportunidad al bodeguero de incorporar un análisis muy crítico de ese informe local por parte de un perito de parte, de Buenos Aires.
El nuevo juez y el nuevo fiscal también deberán incorporar como pruebas las denuncias del empresario contra su expareja, madre de los tres chicos. Y cualquier otra pertinente que la defensa solicite.
Es que el tribunal entendió que el juez Adárvez no debió rechazar el ofrecimiento de pruebas del empresario, porque así violaba su derecho de defensa. Por eso anuló todo desde el momento en que negó esa posibilidad y le pasó el caso al fiscal para que formule la acusación, que es la base del juicio.