Eran alrededor de las 7 de la mañana del 9 de octubre de 2020, cuando la mujer se levantó a pedirle a su hijo policía que ya parara con la música y esa ruidosa reunión en la que participaban su novia y un amigo del joven. La solicitud, sin embargo, lejos estuvo de concluir de una manera amistosa aquella juntada en Caucete. Según la dueña de casa, entonces su hijo se ofuscó, la insultó, la tomó del cuello y le lanzó una trompada que ella alcanzó a frenar anteponiendo su brazo izquierdo. Y ahí paró, porque el amigo se interpuso para evitar lo que ella temía, otros golpes como aquellos que ya le había propinado unos tres años atrás. "Si me denunciás voy a perder el trabajo y ahí te cago matando, no te voy a dejar vivir tranquila", fue la rabiosa expresión que -dijo la denunciante- escuchó de labios de su su propio hijo, el agente de Policía Matías Leandro Osola, hoy de 26 años.
Hubo denuncia aquel día, en el que llegó la Policía y le pidió a ese joven por entonces con licencia por covid que se marchara de su casa. Según la mujer, entonces la novia de su hijo la acusó a ella de haber empezado todo, de haberlos agredido e incluso mencionó que hasta la había empujado.
En la Justicia, la mujer ratificó su denuncia con todo el dolor y hasta tuvo la intención de no seguir con el trámite judicial. Eso sí, declaró que ya no estaba dispuesta a vivir con su hijo a causa de su temperamento violento, porque no quería ese ejemplo para sus hijos menores y ya no toleraba que el policía se manejara como dueño de esa casa, la de sus padres, en la que sus hermanos la habían dejando vivir hasta que concluyera el proceso sucesorio. El tenía los medios para alquilar, le dijo al juez que investigó.
Un médico constató las lesiones en la mujer. Y desde entonces las cosas se complicaron para ese muchacho, porque fue procesado (sin prisión preventiva) y su caso pasó a juicio en el fuero Correccional.
Ahora llegó a juicio en la Unidad Conclusiva de Causas, pero a través de su defensor Julián Gil, acordó con la fiscal Claudia Salica, un juicio abreviado en el que acepta 7 meses de prisión sin encierro. El juez Ricardo Moine, decide si acepta esa salida o no. Si lo hace, no podrá imponer un castigo mayor.