Un día después del frustrado ataque con una punta cometido por el hijo de un hombre asesinado al acusado de haber matado de dos disparos a su padre, a escasa distancia de un camarista penal, el debate sobre el problema de la seguridad en el edificio de Tribunales volvió a llenarse de cruces polémicos sobre la solución. Porque el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani, salió a pedirle oficialmente a la Corte de Justicia un plan de seguridad para el edificio, pues entiende que el máximo tribunal es el responsable de pedir seguridad a la policía (o al organismo político de quien depende) para que el lugar no sea "el callejón de los naranjos". ¿Qué dijeron en la Corte? No fue posible hablar con su presidente, José Abel Soria Vega, porque está en EEUU por un curso, pero otro de los ministros, Adolfo Caballero, cargó contra la policía: aseguró que durante su gestión como presidente y tras la fuga de un preso (ayudado por dos cómplices que tumbaron al custodio policial), pidió más uniformados y no tuvo respuesta: "me cansé de mandarles notas a la Policía pidiendo más personal y todavía estoy esperando", dijo.

¿Qué dijeron en la policía? Tampoco fue posible dar con el jefe de la fuerza, Miguel González, pero otros jefes policiales retrucaron que sí enviaron más policías, que se reforzó la custodia en los ingresos al edificio y, lo más importante, que no pueden palpar a cualquiera para saber si tiene o no armas.

"Si no estamos ante un sospechoso, palpar a cualquiera es violar derechos y garantías constitucionales. Eso se podría hacer si lo ordena un juez o la misma Corte… pero lo ideal es instalar un escáner para detectar metales", dijo un alto comisario consultado.

La misma solución sugirió ayer el fiscal Quattropani, sobre todo porque el traslado de presos en el edificio se hace ante sus familiares, los familiares de las víctimas, testigos de otros casos, público que va por otros trámites, abogados, jueces, fiscales, periodistas.

"Es responsabilidad de la Corte de Justicia pedirle seguridad a la Policía. Honestamente creo que todo es posible. Restringir o controlar la entrada, no significa prohibir y no es discriminar a nadie. Poner un detector de metales no es discriminar a nadie. Darle preferencia por un puerta a jueces, fiscales y abogados, y otra a los testigos, y otra los parientes, no es discriminar. No permitir que haya 30 o 40 personas tapando la entrada a Tribunales, no es discriminar. No permitir que sin motivo alguno se esté "acampando" en el pasillo de Tribunales. Esto no se hace en la Casa de Rosada, en Diputados o en la Cámara de Senadores. Una cosa es que el edificio sea público y otra que esto sea un libertinaje", disparó ayer Quattropani.

Y agregó: "En Tribunales no hay un mínimo de seguridad para los fiscales y para los jueces, para los testigos que vienen a prestar declaración cuando están los parientes de los presos en la puerta y tampoco para los periodistas. Porque cuando se da una noticia en Política o en Policiales cuando pasan por la puerta de Tribunales lo hacen por el callejón de los naranjos donde hay parientes de aquellas personas que fueron publicadas como autores o presuntos autores de un crimen".

El problema de la seguridad en Tribunales estalló el 17 de abril de 2001 cuando tres presos tomaron a cuatro uniformados de rehenes durante 11 horas hasta que se entregaron. Entonces se pensó en realizar una escalera en espiral de los calabozos al lugar de las audiencias para trasladar a los presos. Construir baños y salas de reconocimiento en el subsuelo para evitar el contacto de la gente con los sospechosos. Poner detectores de metales y hasta notificarlos de algunas resoluciones directamente en la cárcel para descomprimir el edificio de internos y los familiares que siempre que concurren a verlos. Hasta la fecha, nada de eso se hizo.