La indagatoria de Sergio Puentedura (47 años), el empleado judicial federal con 20 años de antigüedad que cayó el último lunes sospechado de hurtar drogas y dinero de la Secretaría Penal Nº4 del Juzgado Federal, se sigue dilatando. El sospechoso está imputado de comercio de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público (pena de 6 a 20 años de cárcel) y en un principio estaba previsto que ayer diera su versión ante el juez Miguel Ángel Gálvez, pero ese trámite deberá esperar varios días ya que por recomendación de su defensa se abstendrá de declarar hasta conocer a fondo el expediente para armar su estrategia defensiva, informaron fuentes judiciales.

El empleado se presentó ayer por segundo día consecutivo en el juzgado federal y por 5 horas le mostraron las evidencias que pesan en su contra como sospechoso. Ese trámite seguirá hoy y se esperaba que Puentedura después declarara, pero no lo hará.

“Se le han mostrado expedientes que secuestraron en su oficina y había uno que no era de él. Hasta ahora no hay elementos que sirvan para una imputación penal y se han cometido graves errores durante el allanamiento. Lo mejor va ser que conozcamos todas las pruebas para que después nuestro cliente responda todo punto por punto”, dijo Ricardo Moine, quien junto a Horacio Merino defienden al imputado.

El juez le imputa a Puentedura aprovechar su función de instructor para hurtar cocaína, marihuana y dinero de causas para luego venderlas. Las sospechas sobre su desempeño irregular comenzaron hace unos meses cuando descubrieron en una escucha telefónica que charlaba con un sujeto preso por drogas. Desde ahí, pusieron el ojo sobre él y luego la encargada de la secretaría descubrió desorden, que tenía causas de compañeros (algo prohibido) y que también faltaban diferentes cantidades de plata y estupefacientes (en un caso le atribuyen llevarse al menos 5 de los 11 panes de marihuana que iban a quemar). Además, detectaron que tenía a las vueltas a un hombre al que debía devolverle una fianza de unos $2.000 y cuando lo hizo, le regresó un dinero distinto al que había sido registrado. Su caso es el segundo que pone en la mira de una investigación a un empleado de ese juzgado federal, ya que en 2011 Rogelio Videla Hadad quedó implicado por la desaparición de unos 20 kg de drogas y alrededor de $30.000 de la Secretaría Penal Nº5.